En el complejo tablero político de Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emerge como una pieza fundamental, ejerciendo un poder que supera al del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que ha sido clave -en el último tiempo- para redefinir las reglas del juego de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
A continuación, Radio Pichincha te detalla las principales acciones ejecutadas por el TCE que favorecieron y despejaron el camino de Acción Democrática Nacional (ADN):
- Caso Cristian Zamora
- Suspensión de la RC
- Suspensión de Amigo
- Cancelación de movimientos
- Multas a Aquiles Alvarez
- Multa a Pabel Muñoz
- Multa a Viviana Veloz
- Recurso de la RC por adelanto electoral
- Recurso del PSC por adelanto electoral
- Recurso de la ID por adelanto electoral
- Recurso de L.I.D.E.R. por adelanto electoral
- Denuncia contra Daniel Noboa
- Denuncias contra Diana Jácome
- Descalificación de Jan Topic
- Suspensión de Verónica Abad.
Inhabilitación de figuras de oposición y movimientos políticos
El TCE emitió una serie de sanciones contra movimientos y figuras clave de la oposición, predominantemente vinculadas a la Revolución Ciudadana (RC), lo que impide su capacidad de competir en las seccionales:
- Cristian Zamora (Alcalde de Cuenca): sentenciado en primera instancia a seis meses de suspensión de sus derechos políticos y una multa de USD 12.050 por violencia política de género. Zamora —quien lideraba las encuestas en su ciudad— quedó impedido de buscar la reelección en noviembre de 2026.
- Suspensión de la Revolución Ciudadana (RC): el movimiento fue proscrito y suspendido por nueve meses debido a una investigación por el caso “Caja Chica”, lo que les impide participar directamente en las seccionales de 2026.
- Bloqueo al movimiento Amigo: tras la suspensión de la Revolución Ciudadana, la oposición planeaba usar la Lista 16. Sin embargo, el 17 de julio de 2026, el TCE notificó la suspensión provisional de Amigo por nueve meses, apenas horas antes del cierre del plazo para registrar alianzas, dejando a la RC sin plataforma legal.
- Procesos de cancelación: movimientos como Unidad Popular y Construye enfrentaron procesos de eliminación del registro electoral respaldados por inadmisiones de recursos en el TCE. Solo Unidad Popular logró sobrevivir a la desaparición.
Ahora, aunque algunas sanciones no implican inhabilitación inmediata, funcionan como un mecanismo de presión y descrédito:
- Aquiles Alvarez (Alcalde de Guayaquil): recibió múltiples multas (USD 9.600 y USD 4.700) por violencia política de género y supuesta promoción electoral.
- Pabel Muñoz (Alcalde de Quito): fue multado con USD 9.200 por promoción electoral. Recientemente, el Pleno del TCE rechazó una denuncia de violencia de género que buscaba inhabilitarlo, permitiéndole conservar su posibilidad de reelección. No obstante, el movimiento Amigo, por el que iba a las seccionales, fue suspendido y quedó sin plataforma.
- Viviana Veloz: la asambleísta de la oposición fue sancionada con una multa de USD 9.000 por presunta campaña anticipada.
Ratificación y blindaje del adelanto electoral
El TCE también actuó como una barrera legal para validar el cambio del calendario electoral impulsado por el CNE, que adelantó los comicios de febrero de 2027 a noviembre de 2026. A pesar de las quejas de inconstitucionalidad, los jueces electorales determinaron que el CNE actuó dentro de sus atribuciones legales al realizar lo que calificaron como un “reordenamiento técnico” necesario para la seguridad del proceso:
- Bloqueo a la Revolución Ciudadana (RC): el juez Joaquín Viteri inadmitió y archivó el recurso presentado por Gabriela Rivadeneira. El tribunal aplicó un bloqueo procesal al argumentar que, dado que el movimiento se encuentra bajo una suspensión provisional de nueve meses, carece de “legitimación activa” para actuar en sede jurisdiccional, dejándolos sin voz legal para impugnar un calendario que afecta directamente sus tiempos de reestructuración.
- Negativa al Partido Social Cristiano (PSC): el juez Patricio Maldonado rechazó el recurso del PSC, ratificando que el cambio de fecha era una facultad administrativa del CNE. Aunque el partido apeló la decisión inicial alegando vulneración a la seguridad jurídica basada en “posibilidades climáticas” y no certezas, el tribunal mantuvo su postura.
- Inadmisión a la Izquierda Democrática (ID): el Pleno del TCE ratificó el 12 de abril de 2026 la inadmisión del recurso de Holver Giler Macías, presidente de la ID en Sucumbíos. El tribunal determinó que la impugnación era improcedente por falta de representación legal nacional.
- Archivo del recurso del movimiento L.I.D.E.R.: la acción presentada por Pablo Ricaurte Altamirano fue archivada por el TCE debido al incumplimiento de plazos procesales (no completó la demanda en 48 horas) y a que el recurrente no constaba en los registros oficiales del CNE.
Otros casos del TCE que favorecen al oficialismo
- Daniel Noboa: se rechazó la denuncia contra el presidente por no solicitar licencia durante su campaña.
- Diana Jácome: se archivaron denuncias por violencia política contra la asambleísta de ADN.
- Jan Topic: descalificado como candidato presidencial para 2025 debido a que sus empresas mantenían contratos con el Estado, lo que se consideró un conflicto de interés.
- Verónica Abad: Suspensión inédita de sus derechos de participación, lo que impidió que reemplazara temporalmente a Daniel Noboa durante la campaña presidencial.
Es decir, mediante una combinación de adelanto de cronogramas, inadmisiones de recursos y sanciones estratégicas, el TCE generó un entorno donde la supervivencia de la oposición depende de hilos legales. Además, consolidó un escenario que favorece la continuidad y los intereses del oficialismo en las próximas elecciones.
Radio Pichincha
LV
