El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió, por unanimidad, remitir a la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Fiscalía copias certificadas de 23 expedientes disciplinarios que prescribieron por falta de quorum en el pleno de la Judicatura, debido a la inasistencia de la entonces vocal Solanda Goyes. Los casos prescritos estarían supuestamente vinculados a hechos de corrupción y crimen organizado, incluyendo los casos penales Metástasis y Purga.
La decisión fue tomada en sesión ordinaria el 16 de julio pasado, luego de acoger la recomendación de las direcciones General y de Asesoría Jurídica del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Se resolvió enviar copias de los expedientes prescritos a la Asamblea Nacional, Contraloría y Fiscalía para las respectivas investigaciones y control político y con el fin de determinar responsabilidades y evitar que esto se repita.
A decir de la presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, lo que aquí habría sucedió no solo eran 23 casos de ámbito disciplinario a ser analizados, sino que eran 23 procesos disciplinarios relacionados con corrupción y con crimen organizado, que quedaron sin respuesta en virtud de varias circunstancias, que no son motivo de análisis de este pleno.
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En sesión ordinaria Nro. 097-2026, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz (@mechascaicedo), aclaró que la designación temporal de jueces no sustituye los concursos públicos ni afecta la carrera judicial, sino que constituye una medida… pic.twitter.com/XG1aW1FD9j
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) July 16, 2026
Los 23 casos prescritos por falta de quorum:
Santiago Peñaherrera, director de Asesoría Jurídica del CJ, explicó que su área determinó que los 23 expedientes disciplinarios prescribieron porque el pleno del Consejo de la Judicatura no pudo sesionar por ausencia de una de las vocales. El funcionario recordó que de conformidad con el artículo 233 de la Constitución no hay servidor público que esté exento de responsabilidades por sus acciones u omisiones, aunque reconoció que los vocales del CJ carecen de una responsabilidad administrativa ante el Consejo de la Judicatura, sino que esta responsabilidad le corresponde en primer término a la Contraloría General del Estado y luego se debería establecer un control político a la Asamblea Nacional.
Quien hace cabeza de la asesoría jurídica en la Judicatura resaltó que se ha verificado que en su momento el Consejo de la Judicatura ha recibido un pedido de información de estos expedientes disciplinarios puntualmente por parte de asambleístas, pero, mencionó, se desconoce, si ese pedido de información de estos expedientes disciplinarios sirvió para el control político que se siguió en contra de la hoy exvocal Solanda Goyes.
El control político al que se refería Peñaherrera tiene relación con el que el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó, el 13 de agosto el año pasado. El juicio político contra la aún vocal Solanda Goyes terminó sin que se apruebe la moción de censura y destitución realizada, ya que no se alcanzaron los 101 votos necesarios.
Ese proceso fue impulsado por el legislador Fernando Jaramillo, de ADN, quien acusó a Goyes de un presunto incumplimiento de funciones y de un “boicot institucional”. Según el asambleísta, las ausencias injustificadas de Goyes durante las sesiones del pleno de la Judicatura impidieron aprobar el reglamento para seleccionar jueces constitucionales.
La recomendación para que copias de los expedientes prescritos vayan a la Asamblea:
“Lo que está recomendando la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CJ es que se ponga en conocimiento de la Asamblea Nacional que 23 expedientes disciplinarios han prescrito, para que el Legislativo sea quien haga el análisis de, si no ha sido considerado dentro del control político, proceda conforme con sus obligaciones constitucionales y legales. (…) También se ha remitido toda la información a la Fiscalía para que, dentro de sus atribuciones, haga la investigación correspondiente respecto al certificado que presentó la doctora Solanda Goyes. Nosotros no tenemos la atribución, la competencia legal para hacer un análisis de este documento, aquello le corresponderá al ser el titular de la investigación penal a la Fiscalía”, sostuvo Peñaherrera.
De lo que se conoce, copias de estos expedientes ya fueron remitidas a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado.
Sobre este mismo tema se analizó en el pleno el daño causado con estas prescripciones. En esa línea se manifestó que en derecho administrativo sancionador tiene una doble finalidad: corregir la conducta de los servidores públicos, es la finalidad principal, y, la segunda, hacer efectivo el principio de responsabilidad, es decir, establecer una sanción cuando corresponda y que no queden actos en la impunidad.
Santiago Peñaherrera describió que al analizar los 23 casos, uno de ellos, por ejemplo, la prescripción generada el 10 de julio de 2025, tiene que ver con una persona del Consejo de la Judicatura, a quien se le acusaba de haber gestionado contrataciones y accesos de personal en coordinación con una directora provincial del CJ. Con la prescripción, aclaró, no se pudo conocer el fondo de un posible caso relacionado con corrupción y que, de haber existido los méritos, habría llevado a que exista una sanción de destitución.
Metástasis, Purga, Plaga, casos de los que devienen muchos de los expedientes prescritos:
“Se ha observado que muchos de estos expedientes administrativos disciplinarios devienen de procesos penales relacionados con casos como Metástasis, donde están inclusive relacionados líderes de bandas criminales. Entonces, más allá de que no se ha cumplido el principio de responsabilidad, más allá de que el el pleno del CJ no ha podido analizar el fondo y establecer una sanción en caso de que lo amerite. Lo que más llama la atención es que no es un caso, son varios de estos 23 casos relacionados con corrupción y con procesos penales de delincuencia organizada. Estos 23 casos están contenidos en el informe de asesoría jurídica, cada uno está referido de qué proceso deviene, del proceso Metástasis, Purga, Plaga, de posibles tráficos de influencias en el interior de la Judicatura”, señaló el director de Asesoría Jurídica.
Los procesos penales en los casos conocidos como Metástasis, Plaga y Purga tienen que ver con la infiltración y manipulación del crimen organizado y de sectores políticos del sistema de justicia ecuatoriano en diferentes niveles y provincias del país. Por buscar sentencias a conveniencia, beneficios penitenciarios, acceso a información de investigaciones reservadas, entre otros hechos, ya entre 2024 y 2025 se ha sentenciado a varias personas, entre ellas el expresidente del CJ Wilman Terán, alias Diablo, a penas que van desde los seis años de prisón hasta los 13 años y 4 meses de cárcel.
De su parte, Jorge Maruri, director general del CJ, anotó que su área concluyó que los 23 expedientes citados en el informe jurídico prescribieron como consecuencia de que no existió el quorum reglamentario para la instalación del pleno del CJ de la época, el que, mencionó, estaba conformado por Mario Godoy, quien presidía la institución, y por las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui. A decir de Maruri la no presencia de la vocal Goyes impidió que el mencionado pleno se instale y conozca los referidos expedientes disciplinarios.
Para el actual vocal del CJ y expresidente temporal del organismo, Damián Larco, lo ocurrido con estos 23 expedientes disciplinarios no puede verse como un hecho menor, pues aquí no se estaría hablando de simples expedientes disciplinarios, sino de procesos disciplinarios vinculados con casos que conmocionaron al país, como lo han sido Metástasis, Purga, entre otros, en los que también se involucraron líderes de grupos de delincuencia organizada.
“La pregunta que la ciudadanía debería hacerse es muy sencilla, ¿cómo fue posible que estos expedientes disciplinarios terminaran prescribiendo? El informe jurídico que hoy nos presenta da una respuesta sencilla. Durante varias semanas, el pleno del CJ no pudo sesionar por falta de quorum, porque la entonces vocal Solanda Goyes decidió no acudir a las sesiones convocadas por las razones que fueran. Quiero resaltar que en este pleno de la Judicatura, los que lo conformamos, asistimos a las sesiones de pleno, incluso estando en comisión de servicios en el exterior, con cambios, con diferencia horaria. (…) 23 procesos prescribieron y eso le hizo un enorme daño a la institucionalidad y a la confianza de la ciudadanía”, expresó Larco.
Fuente: El Universo
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