La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó a la Fiscalía General del Estado que incorpore a la exministra Inés Manzano y al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en la formulación de cargos dentro de la investigación del caso Progen.
El pedido fue planteado por Germán Rodas, coordinador de la organización, quien sostuvo que ambos exfuncionarios deben responder por su participación en el proceso de contratación de la empresa.
Durante un pronunciamiento público, Rodas afirmó que el caso Progen representó “un gran asalto al país” y cuestionó que, hasta el momento, la Fiscalía no haya procesado a Manzano y Luque.
A su criterio, esta situación podría derivar en escenarios de impunidad dentro de una investigación que involucra el manejo de millonarios recursos públicos.
Uno de los principales cuestionamientos del representante de la Comisión Nacional Anticorrupción se dirigió a Roberto Luque, quien, según señaló, se acogió al derecho al silencio durante las diligencias.
Rodas sostuvo que esa figura jurídica corresponde únicamente a personas procesadas dentro de una causa penal y consideró que resulta improcedente en el caso del ministro, quien no ha sido vinculado formalmente al proceso.
Agregó que un servidor público tiene la obligación de rendir cuentas sobre las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio de sus funciones y proporcionar información cuando esta sea requerida en una investigación.
Inés Manzano
Respecto a Inés Manzano, el representante de la Comisión indicó que, durante su gestión como ministra, habría autorizado cinco de los seis pagos realizados a favor de Progen, por lo que considera necesario que la Fiscalía determine su grado de responsabilidad dentro del proceso.
Asimismo, recordó que tanto Manzano como Luque defendieron públicamente la contratación de la empresa durante el desarrollo del proyecto.
Finalmente, Rodas advirtió que, si la Fiscalía decide no procesar a ambos exfuncionarios pese a los elementos expuestos por la Comisión Nacional Anticorrupción, se estaría construyendo un mecanismo de impunidad.
También señaló que la labor de fiscalización desarrollada por la Asamblea Nacional permitió exponer información relevante sobre el caso y reiteró el llamado para que las investigaciones avancen sin excepciones.
Radio Pichincha
LV
