Jorge Mártires Caicedo Rodríguez aceptó su responsabilidad por tráfico de drogas a mediana escala y recibió una condena de 20 meses. El juez suspendió la pena y le permitió permanecer en libertad bajo diez condiciones. El caso no aparece aislado: durante 2026 se han reportado operativos, droga escondida en la carga que llega a las islas y traslados de detenidos vinculados presuntamente con el microtráfico.
Galápagos no está aislado de los problemas que atraviesan al Ecuador continental. Tampoco del tráfico de drogas. La noche del 3 de enero de 2026, policías que patrullaban espacios públicos de Santa Cruz intentaron registrar a Jorge Caicedo.
Según la sentencia, el ciudadano emprendió una “precipitada carrera”, pero fue alcanzado y detenido. Caicedo es residente permanente en las islas y trabaja en una reconocida empresa de turismo.
Entre sus prendas, los agentes encontraron dinero en efectivo y una sustancia que posteriormente dio positivo para cocaína. El peso neto fue de 41 gramos.
Seis meses después, Caicedo, de 24 años, aceptó los hechos y fue declarado autor directo del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a mediana escala. La condena fue de 20 meses de prisión y una multa de USD 5.784 que se pagará en cuotas. Pero no irá a una cárcel, al menos mientras cumpla las condiciones impuestas por la justicia.
Una condena negociada
El proceso comenzó por la vía ordinaria. Sin embargo, durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo para aplicar el procedimiento abreviado. Caicedo reconoció los hechos y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía. El juez José Adolfo Peralta Rendón, de la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Cruz, homologó el acuerdo y lo declaró autor directo del delito.
La sentencia, emitida por escrito el 1 de julio, estableció una pena de 20 meses de privación de libertad. También dispuso la interdicción de sus derechos de participación y la prohibición de vender los bienes registrados a su nombre mientras dure la condena.
Dos días después, la defensa solicitó la suspensión condicional de la pena. Argumentó que Caicedo no tenía antecedentes penales ni otros procesos pendientes, contaba con domicilio, empleo estable y arraigo familiar y social.
El juez aceptó el pedido. Así, los 20 meses de cárcel fueron sustituidos por un período de prueba de igual duración. La decisión no elimina la condena ni convierte al sentenciado en inocente: Caicedo continúa siendo responsable del delito, pero podrá cumplir la pena en libertad bajo vigilancia judicial.
El caso adquiere otra dimensión cuando se lo coloca junto a los operativos registrados durante los últimos meses. No existen elementos que vinculen a Caicedo con los detenidos en esos procedimientos ni con una estructura criminal determinada. Sin embargo, la sucesión de casos evidencia que la circulación y distribución de drogas dentro del archipiélago no puede tratarse como un episodio excepcional.
El 26 de abril de 2026, la Policía ejecutó tres operaciones simultáneas en Santa Cruz e Isabela. Tres personas fueron aprehendidas y los agentes encontraron 405 dosis de cocaína, 28 dosis de marihuana, USD 544 en efectivo, teléfonos celulares y balanzas.
La propia institución presentó los procedimientos como parte de su lucha contra el microtráfico en las islas. En junio, la Policía trasladó desde Galápagos a 21 personas privadas de libertad hacia cárceles de Manabí y Guayaquil. Según la información oficial recogida por Primicias, entre ellas había personas presuntamente vinculadas con el microtráfico. En la misma operación se movilizaron aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína para ponerlas a órdenes de las autoridades. El reporte no establece que toda esa droga corresponda a casos de microtráfico ni al proceso contra Caicedo.
La ruta de ingreso también quedó expuesta en julio. Durante la inspección de un contenedor que transportaba productos tipo camarón, personal de la Agencia de Bioseguridad para Galápagos y trabajadores de una empresa detectaron un “cooler” que no constaba en la guía de remisión.
Dentro había cuatro paquetes con aproximadamente 3.505 gramos de una sustancia vegetal. Luego de seguimientos y revisión de cámaras, cinco personas fueron aprehendidas cuando presuntamente intentaban retirar o gestionar la encomienda en Santa Cruz. La Policía investiga una posible cadena de recepción y distribución.
Los tres episodios no prueban por sí solos la existencia de una única red, pero sí dibujan un problema que supera el hallazgo ocasional: droga que circula en los centros poblados, dosis preparadas para su venta, dinero, balanzas y cargamentos que intentan ingresar ocultos entre las mercancías transportadas desde el continente.
En un territorio que controla con supuesto rigor el ingreso de plantas, animales y productos orgánicos para proteger sus ecosistemas, un cooler no declarado con más de tres kilos de una sustancia sospechosa logró llegar en un contenedor hasta los patios de carga. Fue detectado, pero el episodio deja una pregunta inevitable: ¿cuántos envíos atraviesan la cadena logística sin ser encontrados?
Las fallas en el control
Las rutas que conectan Galápagos con el continente presentan vulnerabilidades en ambos sentidos. Mientras drogas y sustancias ilícitas llegan a las islas escondidas entre encomiendas y carga comercial, especies protegidas consiguen salir del archipiélago.
En mayo de 2026, tres ciudadanos tailandeses viajaron en un vuelo regular desde el Aeropuerto “Ecológico” de Baltra hasta Guayaquil llevando 12 iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) ocultas en su equipaje. Una murió. La alerta no se activó en Galápagos: fue personal de la aerolínea KLM quienes detectaron irregularidades con los pasajeros antes del vuelo internacional hacia Ámsterdam y Bangkok, impidió el embarque y avisó a la Policía.
Los casos no están relacionados, pero exponen un mismo problema estructural: los controles fallan tanto para detectar lo que ingresa como para impedir que salga el patrimonio natural.
En el archipiélago más protegido del país, la droga atraviesa la carga de entrada y la fauna silvestre cruza los filtros de salida. El calificativo de “ecológico” del aeropuerto parece aplicarse mejor a su imagen que a la eficacia de sus controles.
Libre, pero con diez condiciones
Caicedo deberá residir en el barrio Escalesia, en Santa Cruz, e informar cualquier cambio de domicilio. No podrá salir del país ni acudir a centros nocturnos de diversión. El juez ordenó a la Policía verificar de manera “constante” el cumplimiento de esta última prohibición. También tendrá que someterse durante un año a tratamiento para superar adicciones en el Centro de Salud Matazarno y reportar trimestralmente su asistencia.
La resolución dispone que deberá conservar su empleo en Ocean Adventures S.A. y que la empresa informe cada seis meses sobre su situación laboral. La sentencia no relaciona a la compañía con el delito; la menciona únicamente como el lugar de trabajo presentado por el condenado para demostrar estabilidad y arraigo.
Además, Caicedo deberá presentarse una vez al mes ante la Fiscalía, no reincidir y no enfrentar una nueva instrucción fiscal.
De condenado a expositor
Una de las condiciones más particulares es que el sentenciado deberá impartir 50 horas de charlas a estudiantes de bachillerato de Santa Cruz sobre las consecuencias jurídicas, sociales, personales y sanitarias del consumo y tráfico de drogas.
Las actividades serán coordinadas con la Jefatura de Antinarcóticos. Como medida de “reparación simbólica”, Caicedo también deberá entregar copias certificadas de su sentencia a los colegios públicos donde intervenga.
La justicia considera que las charlas contribuirán a la rehabilitación del condenado y a prevenir nuevos delitos. Queda por comprobar si las instituciones encargadas realizarán un seguimiento real o si las 50 horas terminarán convertidas en otro requisito cumplido mediante informes y oficios.
El problema continúa
La suspensión condicional de una pena es un mecanismo previsto en la legislación y no equivale a impunidad. Busca evitar el encarcelamiento cuando una persona sin antecedentes puede ser rehabilitada bajo control judicial. Mientras los operativos revelan dosis listas para su distribución, dinero, balanzas y cargamentos ocultos en contenedores, la respuesta estatal continúa concentrada en capturas individuales. Los reportes disponibles no permiten determinar cuánta droga ingresa anualmente, qué proporción llega por vía marítima o aérea, quiénes financian los envíos ni cómo se organizan las redes de distribución en las islas.
Si Caicedo cumple las diez condiciones durante 20 meses, podrá pedir que la condena sea declarada extinguida. Si incumple alguna, reincide o enfrenta una nueva instrucción fiscal, el beneficio podrá ser revocado y tendrá que cumplir la pena en prisión.
El sentenciado, por ahora, conservará su libertad y deberá explicar en los colegios las consecuencias del tráfico de drogas. Entretanto, en Galápagos esas consecuencias ya no necesitan demasiada teoría: aparecen en las calles, en las balanzas decomisadas y hasta en los contenedores que llegan desde el continente.
¿100 % legal?
Fotografías obtenidas por Bitácora Ambiental muestran paquetes de flores de cannabis comercializados bajo la marca Hemp Galápagos. Las etiquetas identifican variedades como “Cherry Bumb” y “Strong”, declaran concentraciones de CBD de 26 % y 16,1 %, respectivamente, y aseguran contener menos del 1 % de THC.
El empaque también exhibe una licencia de cultivo, un registro de cultivar, un supuesto número de notificación sanitaria y la frase “100 % legal – Acuerdo Ministerial 148”. Ninguna de esas menciones, por sí sola, demuestra que el producto esté autorizado para venderse directamente al público.
El Acuerdo Ministerial 148 no es una autorización comercial individual. Es el reglamento que regula el uso terapéutico, la prescripción y la dispensación del cannabis medicinal. Para los productos farmacéuticos con cannabinoides establece controles de ARCSA, expendio en establecimientos autorizados y receta médica. Reglamento para el uso terapéutico del cannabis medicinal
Una licencia para cultivar cáñamo tampoco equivale automáticamente a permiso para empacar flores y venderlas en una tienda. La normativa del Ministerio de Agricultura establece diferentes licencias para cultivar, procesar, adquirir y comercializar cannabis no psicoactivo. Además, considera a la flor seca como un producto terminado que debe contar con el registro, notificación sanitaria o permiso aplicable.
Fuentes consultadas por Bitácora señalan que estos paquetes estarían vendiéndose en varios establecimientos de Galápagos y sostienen que el número presentado como notificación sanitaria no correspondería al producto. Esa observación requiere una certificación formal de ARCSA antes de asegurar que se trata de una autorización falsa o inválida.
La propia publicidad de Hemp Galápagos anuncia “flores CBD premium, aceites, cremas y más”, asegura que sus productos son “legales, seguros y certificados” y muestra una ubicación comercial en Puerto Ayora. Su página web también identifica locales en Santa Cruz y San Cristóbal, ofrece flores por USD 10, accesorios para fumar, aceites sublinguales, gomitas y hasta licor elaborado con flor de cannabis y CBD.
La discusión sobre las competencias no debería convertirse en otra puerta para la falta de control. El Ministerio de Agricultura debe verificar las licencias, el origen de las flores y la trazabilidad del cultivo. ARCSA tiene competencia sobre los productos terminados de uso o consumo humano y exige registro o notificación sanitaria, además de análisis certificados de THC. En Galápagos, la ABG debe determinar si el material vegetal ingresó, se propagó o se cultivó conforme al régimen especial de bioseguridad.
Un operativo coordinado debería incluir al Ministerio de Agricultura, ARCSA, ABG, Policía y Ministerio del Interior. No basta con observar el envoltorio: se necesita revisar licencias, facturas, lotes, procedencia, análisis de laboratorio, concentración real de THC y correspondencia del número sanitario colocado en la etiqueta.
El producto también puede reportarse mediante la aplicación ARCSA Móvil, en la opción “Control ciudadano”, seleccionando como motivo “registro sanitario/notificación sanitaria”. La denuncia puede incluir el nombre y ubicación del establecimiento, fotografías y el número que aparece en el empaque. Los datos del denunciante se utilizan para responder el trámite y se mantienen reservados.
Radio Pichincha
LV
