La Agencia Tributaria española ha elevado al Tribunal Supremo un recurso para revertir una decisión judicial que, en abril pasado, anuló una deuda de 55 millones de euros contra la cantante colombiana Shakira. Este movimiento reabre un debate de gran calado: ¿hasta qué punto pueden los inspectores fiscales indagar en la vida de un contribuyente para determinar su residencia?
El litigio se centra en el año fiscal 2011. La Audiencia Nacional determinó que las propias autoridades apenas lograron acreditar 163 días de presencia de Shakira en España, muy por debajo del límite legal de 183 días que establece la residencia fiscal. Además, el tribunal rechazó que el tiempo que la artista pasó fuera del país pudiera considerarse como «ausencias esporádicas», ya que Hacienda no demostró primero que España fuera su hogar habitual.
La intérprete, que actuó el domingo 19 de julio en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial entre España y Argentina, celebró el fallo de mayo con un comunicado en el que afirmó haber sobrevivido a una «brutal difamación pública» y declaró que «nunca hubo fraude».
El método de investigación, bajo la lupa
Lo que la Agencia Tributaria solicita ahora al Supremo no es solo la anulación de esa sentencia, sino que el alto tribunal fije un criterio unificado sobre qué pruebas puede emplear Hacienda para establecer la residencia de un contribuyente. Los métodos utilizados en el caso —que incluyeron reconstruir los movimientos de la cantante a partir de registros de tarjetas de crédito, citas en salones de belleza y fotografías de seguidores— generaron una fuerte polémica pública. La defensa de Shakira los calificó de intrusivos y presentó, entre otras pruebas, un certificado de residencia fiscal emitido por Bahamas en 2016, donde alegó que residía desde 2007.
La decisión del Supremo establecerá el estándar de lo que Hacienda puede exigir a cualquier persona para demostrar su lugar de residencia. Esto afecta a miles de contribuyentes, no solo a celebridades.
Presión interna sobre los inspectores
La controversia va más allá de los métodos externos. Los propios inspectores llevan años denunciando que la Agencia prioriza las regularizaciones sencillas por encima de los grandes fraudes complejos, que según ellos quedan desatendidos. A esto se suma una crisis de personal: la mitad de los 26.000 empleados de la Agencia se jubilará en 2032 y las contrataciones no logran compensar las salidas, según José María Peláez, expresidente de la asociación de inspectores.
La asociación de asesores fiscales Aedaf fue más lejos y cuestionó el sistema de retribución variable. Tras años de litigio, obtuvo fallos judiciales que obligaron a Hacienda a revelar la fórmula de cálculo de los incentivos: alrededor del 20% del salario del personal depende, en parte, de los niveles de ingresos recaudados colectivamente.
“El problema radica en vincular el incentivo al importe de la obligación tributaria”, afirmó Bernardo Bante, presidente de Aedaf. “Ni un solo euro de la remuneración por rendimiento debería estar ligado al valor de un ajuste fiscal”.
La Agencia rechazó que el sistema carezca de transparencia y señaló que ningún inspector recibe una comisión individual por deuda cobrada. La asociación de inspectores añadió que el componente vinculado a la recaudación es mínimo y se comparte entre grupos, no entre individuos.
Un organismo en medio de la tormenta política
La salida de Soledad Fernández Doctor como directora general de la Agencia alimentó especulaciones sobre su posible relación con las negociaciones del gobierno en torno al modelo de financiación de Cataluña, o con investigaciones a un expresidente. Tanto ella como el Ejecutivo negaron cualquier vínculo. Tras el nombramiento de su sucesor, la asociación de inspectores le pidió públicamente que protegiera al organismo de «injerencias externas».
El ministro de Hacienda, Arcadi España, respondió a las críticas más amplias calificándolas de «campaña de desprestigio» y advirtió contra quienes tratan el pago de impuestos como un robo.
Fuente: Infobae
