En un acto conmemorativo por el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua, el dictador Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua no se volverán a realizar elecciones que permitan a la oposición llegar al gobierno. El mandatario anticipó, además, que impulsará nuevas leyes para cerrar cualquier posibilidad de que sectores opositores accedan al poder.
“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, expresó Ortega ante sus simpatizantes durante el evento. Minutos antes, de manera tirana, señaló que la sangre derramada en las protestas de 2018 fue parte de una lucha de la policía orteguista, jóvenes y voluntarios “para evitar un golpe de estado”.
Nicaragua está bajo el régimen de Ortega desde 2007. El exguerrillero sandinista de 80 años comparte el control del país con su esposa, Rosario Murillo, desde 2017. En febrero de 2025, tras una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo, Murillo fue designada copresidenta.
Medidas contra la oposición
Durante su discurso, Ortega arremetió contra los opositores exiliados, a quienes calificó de “agazapados” y acusó de buscar el poder para su propio beneficio económico. Anunció que trabajará junto a la Asamblea Nacional y otras organizaciones afines para desarrollar leyes que impidan cualquier intento opositor de acceder al gobierno.
“Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán”, señaló Ortega.
Reforma constitucional en vigor
En febrero de 2025, el régimen implementó una reforma a la Constitución Política de Nicaragua. La medida eliminó el sistema de equilibrio de poderes y otorgó el control total del Estado a Ortega y Murillo, lo que generó críticas de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y sectores de la oposición nicaragüense, según consta en reportes de la agencia EFE.
La enmienda constitucional extendió el período presidencial de cinco a seis años, creó la figura de “copresidenta”, dispuso que el Ejecutivo coordine los demás órganos del Estado —que ya no se consideran poderes independientes— y legalizó la apatridia.
Antes de la reforma, el calendario electoral indicaba que Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Con los cambios constitucionales, el período presidencial se amplió y, en teoría, los comicios se trasladarían a noviembre de 2027.
Acusación de Estados Unidos contra Rosario Murillo
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de haber creado el cargo de “copresidenta” sin que existiera un proceso electoral, sin mandato y sin legitimidad, según reporta EFE. Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Murillo sabía que no podría ganar en un proceso limpio y transparente. También señalaron que tanto Murillo como Ortega han negado a la población nicaragüense el derecho a elegir democráticamente a sus gobernantes y advirtieron que el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense.
Fuente: Infobae
