La lucha contra la delincuencia ya no aparece planteada únicamente desde la perspectiva policial y militar. El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029, presentado por el Gobierno, introduce un cambio de enfoque al reconocer que la seguridad también depende de factores como la educación, el empleo, la salud, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento del tejido social.
El documento plantea que el combate al crimen organizado debe combinar las operaciones de las fuerzas de seguridad con una presencia sostenida del Estado en los territorios más afectados por la violencia.
Bajo esa premisa, incorpora el concepto de seguridad multidimensional, que la vincula directamente con el bienestar de la población.
Especialistas consultados consideran que esta apuesta constituye un giro importante respecto de planes anteriores, aunque advierten que sus resultados dependerán de que las políticas sociales se mantengan durante varios gobiernos y no se limiten al actual periodo presidencial.
La seguridad deja de depender únicamente de la fuerza
El plan sostiene que la seguridad no debe entenderse únicamente como la ausencia de delitos, sino como una condición que permita a las personas desarrollar plenamente su proyecto de vida.
Bajo esa lógica, eleva la vida digna y la prosperidad en equidad a la categoría de intereses nacionales, vinculando la seguridad con el acceso a educación, salud, vivienda, empleo y servicios básicos.
El documento reconoce además que la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades laborales y la deserción escolar incrementan la vulnerabilidad frente al crimen organizado, especialmente entre niños y adolescentes.
Como parte del diagnóstico, identifica que la pobreza alcanzó el 24 % a mediados de 2025, mientras que la pobreza extrema llegó al 10,4 %.
También señala que la informalidad laboral supera el 53 %, condiciones que, según el plan, favorecen el reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
La educación aparece como la principal herramienta preventiva
Entre los ejes sociales, la educación ocupa un lugar central. El Gobierno plantea reducir la deserción escolar, fortalecer la seguridad dentro y fuera de las instituciones educativas y reforzar la formación en valores como parte de la prevención de la violencia.
Para Javier Cedeño, excatedrático universitario, este cambio representa un avance porque reconoce que las causas de la inseguridad se encuentran mucho antes de la acción policial.
“Es un paso adelante que ahora se le dé importancia al tema social para combatir la inseguridad. Todo gobierno debería partir primero desde lo social”, afirma.
El académico sostiene que la educación constituye el principal soporte para construir una sociedad menos vulnerable frente al crimen.
“La educación es la herramienta más importante que pueda existir para lograr un equilibrio social”, señala.
No obstante, considera que el reto no consiste únicamente en aumentar la cobertura educativa, sino en revisar el contenido de la formación.
Explica que el sistema educativo debe recuperar espacios destinados a fortalecer los valores ciudadanos y la convivencia.
“No basta con que los estudiantes regresen a las aulas. También hay que retomar la formación en valores morales y ciudadanos que permitan construir una identidad orientada al desarrollo colectivo”, sostiene.
La deserción escolar preocupa al Gobierno
El Plan Nacional de Seguridad Integral identifica la deserción escolar como uno de los principales factores de riesgo para el reclutamiento de adolescentes por organizaciones criminales.
El documento señala que la violencia en los entornos educativos también contribuye al abandono de los estudios. Como referencia, indica que cerca del 38,8 % de los estudiantes ha presenciado hechos violentos dentro o en los alrededores de sus centros educativos.
Para enfrentar ese escenario, el Gobierno propone fortalecer la seguridad escolar, ampliar la cobertura educativa y desarrollar programas específicos para evitar que niños y adolescentes abandonen el sistema educativo.
Cedeño considera que estas medidas apuntan al origen del problema y no únicamente a sus consecuencias.
“Estos problemas vienen desde hace mucho tiempo. No son de ahora”, afirma el académico, quien agrega que los resultados no podrán observarse de forma inmediata.
“Si este enfoque social logra mantenerse, los resultados se verán en el futuro, cuando exista un equilibrio de conocimientos, criterios y valores que permitan alcanzar un propósito colectivo”. añadió.
El plan incorpora el empleo como una estrategia de seguridad
Otro de los cambios relevantes del documento consiste en reconocer que el acceso al empleo forma parte de la política de seguridad.
El Gobierno plantea reducir el desempleo, disminuir la informalidad laboral y ampliar las oportunidades de capacitación técnica como mecanismos para evitar que jóvenes y adultos ingresen a economías ilegales.
El Objetivo Nacional 5 establece la necesidad de generar condiciones para el “trabajo pleno”, especialmente en zonas donde operan organizaciones criminales.
Asimismo, el documento plantea que, una vez estabilizados los territorios mediante operativos policiales y militares, el Estado debe consolidar su presencia con programas de desarrollo social, educación, salud y empleo para impedir que las organizaciones criminales recuperen influencia.
La continuidad de las políticas será el principal desafío
Aunque el Plan Nacional de Seguridad Integral incorpora por primera vez un componente social como eje de la estrategia de seguridad, especialistas advierten que su éxito dependerá menos del contenido del documento y más de la capacidad del Estado para sostener esas políticas durante varios años.
Para el sociólogo y excatedrático Ronald Intriago, Ecuador ha fallado históricamente en esa continuidad.
“La sociedad está fallando en lo social porque no existen políticas públicas permanentes en el tiempo. Cada gobierno cambia las prioridades y esa continuidad se interrumpe”, sostiene.
A su juicio, la inseguridad no puede analizarse únicamente desde el incremento de homicidios o la presencia de grupos delictivos. También responde a problemas estructurales que se han acumulado durante décadas.
En ese contexto, considera que el fortalecimiento del sistema educativo y del entorno familiar debe convertirse en una política de Estado que trascienda los periodos presidenciales.
“Los dos componentes que estructuran una buena sociedad son la familia y la educación. Cuando esos dos pilares fallan, comienza a fracturarse todo el tejido social”, expresa.
La familia también forma parte de la prevención
El documento del Gobierno concentra buena parte de sus acciones preventivas en el sistema educativo, pero Intriago considera que la familia ocupa un papel igual de importante.
Explica que muchos niños llegan a las escuelas desde hogares donde existe poca orientación y escasa formación en valores, lo que termina afectando su proceso educativo.
“Ese niño no solamente necesita una buena escuela; también necesita una buena guía en su hogar”, afirma.
Para el sociólogo, ese escenario se agrava por la influencia que hoy ejercen las redes sociales sobre niños y adolescentes.
“Actualmente se le rinde culto a la imagen. Muchos jóvenes ya no aspiran a educarse primero; aspiran a conseguir dinero rápidamente para tener un buen celular, un buen carro o ropa de marca”, explica.
Esa realidad, señala, facilita que algunos adolescentes vean en las organizaciones criminales un camino para obtener ingresos de manera inmediata.
“Cuando los valores cambian, esos muchachos terminan admirando al que tiene dinero sin importar cómo lo consiguió. Ahí aparecen las bandas criminales ofreciendo justamente eso”, añade.
Los resultados no llegarán en el corto plazo
Ambos especialistas coinciden en que el componente social incorporado por el Gobierno difícilmente producirá efectos inmediatos sobre los indicadores de violencia.
Intriago considera que las transformaciones educativas requieren varios años antes de reflejarse en la reducción de la delincuencia.
Comenta que las experiencias internacionales demuestran que la transformación social demanda décadas de trabajo continuo.
Como ejemplo menciona el caso de Singapur, país que impulsó durante años políticas de educación, disciplina y combate a la corrupción hasta convertirse en uno de los Estados con mayores niveles de transparencia.
“Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Según los expertos, esos procesos pueden tardar una generación completa”. agrega.
Por ello insiste en que la principal condición para que el nuevo plan funcione será mantener las políticas públicas independientemente del gobierno que llegue al poder. (I)
Fuente: El Universo
