La vicepresidenta de la República, María José Pinto, lideró la instalación de la primera sesión del Comité Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo Adolescente, creado en el marco de la Política PLENA 2026-2035. La iniciativa busca coordinar las acciones estatales orientadas a prevenir los embarazos en niñas y adolescentes y proteger sus proyectos de vida.
Durante la sesión, el Comité aprobó tres instrumentos considerados fundamentales para la aplicación de la política pública: el Reglamento interno, el Plan de Implementación y el Modelo de Gobernanza. Estos documentos establecen la estructura de coordinación entre las instituciones involucradas, las responsabilidades de cada entidad y las líneas de acción que deberán ejecutarse durante los próximos años.
La implementación de la Política PLENA contará con un presupuesto referencial de USD 109,8 millones, destinado a fortalecer las acciones de prevención, atención y acompañamiento en todo el territorio nacional. Según el Gobierno, la estrategia tendrá un enfoque articulado y territorial para llegar a las poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad.
“Nuestra prioridad es absoluta: proteger los proyectos de vida de nuestras niñas y adolescentes”, señaló María José Pinto. La vicepresidenta aseguró que desde su despacho se coordinará el trabajo de las diferentes carteras de Estado para que las medidas de prevención tengan alcance nacional y respondan a las necesidades de cada territorio.
El Comité será presidido por el Ministerio de Salud Pública, mientras que el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ejercerá la Vicepresidencia y el Ministerio de Gobierno ocupará la Secretaría. Además, el Ministerio de Salud estará al frente del Subcomité Financiero, encargado de gestionar, analizar y articular los mecanismos económicos necesarios para aplicar la política.
Con la instalación de este organismo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca consolidar una respuesta estatal de largo plazo frente al embarazo en niñas y adolescentes. La política también plantea garantizar el ejercicio de sus derechos, fortalecer el acceso a servicios públicos y generar condiciones para que puedan continuar sus estudios y desarrollar sus proyectos de vida.
