La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a manos de agentes del ICE en el estado de Maine ha puesto en evidencia los peligros que enfrentan los solicitantes de asilo en Estados Unidos. El abogado John Sánchez, especialista en procesos migratorios, advirtió sobre los vacíos legales que dejan a estas personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Durante una entrevista, Sánchez explicó que quienes esperan una resolución de su caso se encuentran en un estado de “legalidad parcial”, lo que los expone a detenciones e incluso abusos por parte de las autoridades, aunque porten documentos emitidos por el propio gobierno estadounidense.
“La gente cree que el asilo es un estatus, pero no es así”, señaló el jurista colombiano.
Según el especialista, los solicitantes de asilo reciben un “status pending”, es decir, un estatus pendiente de resolución. “El Gobierno les otorga un número de seguro social y un permiso de trabajo para que puedan identificarse y laborar legalmente, pero su situación migratoria aún no está definida”, detalló Sánchez. Esta condición, insistió, “los admite en el país y les otorga una legalidad parcial”.
Vacío jurídico y riesgo frente al ICE
El abogado advirtió que este estatus pendiente, lejos de brindar seguridad, coloca a los migrantes en un limbo legal. “La administración Trump ignoró que estas personas están legales mientras esperan su resolución. Aunque no tienen un estatus definitivo, sí cuentan con documentos expedidos por el propio Gobierno”, aseguró.
La situación se agravó tras la emisión de un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) —que no es una regulación formal— que permite al ICE detener a cualquier persona que haya excedido el tiempo de su visa o cruzado la frontera, incluso si tiene documentos vigentes. “Ahí es donde aparece el vacío jurídico. ICE puede requerirlos en cualquier momento y, aunque muestren sus documentos, para la autoridad no es suficiente porque siguen sin un estatus formal”, explicó el jurista.
Consecuencias de la falta de actualización y representación legal
Muchos solicitantes de asilo agravan su situación al no mantener actualizado su expediente. “Si alguien lleva siete años en el país y nunca ha refrescado la evidencia ni cuenta con representante legal, para las autoridades es un caso abandonado”, advirtió Sánchez. La falta de mantenimiento del caso o de asesoría jurídica puede llevar a que el proceso sea considerado inactivo, aumentando el riesgo de detención.
“Lo mejor es tener representación legal lo antes posible”, recomendó el abogado.
Además, el jurista explicó que el solicitante puede obtener el formulario G-28 (el poder del abogado) y una carta que certifica su legalidad en el país. “Si lo detienen, pueden contactarnos de inmediato para actuar”, indicó.
Estrategias de defensa ante detenciones
Cuando un solicitante de asilo es detenido, los abogados recurren a varias herramientas legales. “Pese a que la autoridad puede detenerlos, existen argumentos y recursos como cartas de recomendación, referencias de empleadores o de iglesias, que ayudan en el proceso”, explicó Sánchez.
En muchos casos, la defensa se apoya en el habeas corpus y la solicitud de fianza para lograr la liberación del detenido. El abogado recalcó que la legalidad parcial no garantiza inmunidad ante el ICE, pero otorga herramientas para defenderse: “La carta del abogado y el G-28 son fundamentales para demostrar que el caso está activo y que hay representación”.
Crítica al sistema y al manejo administrativo
El abogado calificó el asesinato de Joan Sebastián Durán como “un atropello directo al derecho de asilo”. Asimismo, consideró que la demora en la resolución de los casos refleja fallas administrativas, no responsabilidad del solicitante. “El hecho de no resolverse un asilo durante siete años es problema de desorden de la administración, no de la persona”, sentenció.
Para Sánchez, negar la protección total a quienes ya tienen autorización para residir y trabajar mientras esperan “es terriblemente injusto”. A su juicio, el caso de Durán Guerrero expone el costo humano de estos vacíos legales y la urgencia de una reforma que garantice certeza y protección real a los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Fuente: Infobae
