El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad. El proyecto, que ahora regresa a la Comisión de Salud para la elaboración del informe de segundo debate, propone reconocer a la obesidad no como un problema estético, sino como una enfermedad crónica no transmisible, sistémica, multifactorial, recidivante y progresiva de interés prioritario para la salud pública.
¿De qué trata esta ley?
La normativa busca establecer un marco regulatorio integral que garantice el derecho a la salud mediante la promoción de hábitos de vida saludables y la atención completa de las personas con obesidad en todas sus fases. Según los fundamentos del proyecto, la obesidad ya no debe verse únicamente como un problema estético o una falla de la voluntad personal, sino como una patología que requiere prevención, diagnóstico, manejo, seguimiento y rehabilitación.
La ley propone un modelo que integra a diversos sectores —salud, educación, deporte, producción y gobiernos locales (GAD)— para enfrentar los determinantes sociales y económicos que generan entornos obesogénicos.
La propuesta legislativa se estructura sobre varios pilares destinados a reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles asociadas, como la diabetes y la hipertensión:
- Prioridad en la prevención: la norma establece que la primera línea de intervención deben ser siempre las medidas no farmacológicas, tales como la alimentación saludable, la actividad física regular y el apoyo psicológico.
- Regulación de la industria y publicidad: se propone que la autoridad sanitaria nacional emita normativas técnicas para reducir niveles de sodio, azúcares y grasas en alimentos procesados. Además, busca controlar la publicidad de productos ultraprocesados, especialmente la dirigida a niñas, niños y adolescentes.
- Entornos escolares saludables: el proyecto impulsa la detección temprana mediante tamizajes antropométricos en las escuelas y la promoción de “trayectos escolares activos” para combatir el sedentarismo desde la infancia.
- Tratamientos y cirugías: si bien la ley contempla el uso de fármacos y procedimientos quirúrgicos como la cirugía bariátrica o metabólica, estos se reservan exclusivamente para casos donde las medidas preventivas hayan sido insuficientes y exista una indicación médica sustentada en evidencia científica.
- Infraestructura y acceso a agua: se incentiva a los municipios a crear espacios seguros para el deporte y a garantizar el acceso a agua potable segura y gratuita en espacios públicos y centros comerciales.
¿Atención sin nueva burocracia?
Uno de los ejes destacados por la Comisión de Salud es que la ley no crea nuevas estructuras administrativas ni genera gasto adicional en burocracia. En su lugar, propone fortalecer la respuesta del Estado mediante el uso de los recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud y una coordinación interinstitucional liderada por el Ministerio de Salud.
Desde la perspectiva económica, el Ministerio de Economía respaldó la visión de que la implementación de la ley se realice con cargo a los presupuestos institucionales vigentes. Esto significa que las acciones de prevención, tratamiento y seguimiento se ejecutarán sin necesidad de asignaciones presupuestarias adicionales.
Recomendaciones clave para el fortalecimiento de la ley
Tras el debate en el Pleno del Parlamento, el consenso general apunta a que la ley debe superar su carácter “declarativo” para convertirse en un instrumento con:
- Obligaciones concretas
- Financiamiento claro
- Sanciones por incumplimiento
Una de las recomendaciones más insistentes, liderada por la asambleísta Eliana Correa, es la necesidad de reformular integralmente el texto para sustituir las orientaciones políticas generales por herramientas jurídicas exigibles.
Correa advirtió que, sin mecanismos efectivos de implementación y reglas claras de financiamiento, la norma corre el riesgo de ser una “letra muerta” o un simple conjunto de buenas intenciones. En este sentido, se sugiere definir con precisión quién debe actuar, en qué plazos y qué resultados se deben alcanzar, estableciendo esquemas de responsabilidad institucional para quienes fallen en su ejecución.
En el ámbito de la prevención, la asambleísta Cristina Jácome y otros sectores propusieron “poner un alto” a la industria mediante un etiquetado nutricional frontal más estricto que informe de manera clara y veraz lo que la ciudadanía consume. Entre las recomendaciones técnicas específicas se incluyen:
- Prohibir el uso de personajes infantiles, dibujos animados, regalos o incentivos comerciales en productos que tengan advertencias nutricionales.
- Fortalecer la regulación de la publicidad de alimentos ultraprocesados, especialmente aquella dirigida a niñas, niños y adolescentes.
- Establecer parámetros técnicos progresivos para la reducción de sodio, azúcares y grasas en la industria alimentaria.
Asimismo, expertos médicos y organismos como la Defensoría del Pueblo recomendaron un cambio en la terminología para evitar la discriminación. La sugerencia principal es eliminar el término “obesidad mórbida”, calificándolo como un adjetivo peyorativo y estigmatizante, y sustituirlo por conceptos clínicos como “obesidad clínica” o “preclínica”.
De igual modo, se propone que la ley se alinee estrictamente con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) para evitar imprecisiones diagnósticas.
Fortalecimiento en territorios y entornos escolares
Para que la ley tenga impacto real en las comunidades, se plantearon recomendaciones estructurales sobre el entorno urbano y educativo:
- Financiamiento para municipios: el legislador Gustavo Mateus señaló que los gobiernos locales (GAD) necesitan recursos económicos y planificación nacional para cumplir con el artículo 20 sobre entornos saludables, evitando que la carga recaiga únicamente en los municipios más pequeños.
- Trayectos escolares activos: el Consejo de la Judicatura sugirió incluir formalmente este concepto para promover la movilidad no motorizada y segura de los estudiantes como medida preventiva.
- Centros de excelencia: se recomienda definir estándares técnicos claros para la acreditación y funcionamiento de estos centros, evitando que su operatividad dependa de reglamentaciones futuras inciertas.
El proyecto ahora regresa a la Comisión de Salud, donde se procesarán estos aportes para la elaboración del informe del segundo y definitivo debate, que se discutirá en las próximas semanas.
Radio Pichincha
LV
