Flor María Proaño Aguirre, representante legal de la compañía Terraturismo S. A., presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra seis personas y un grupo adicional por determinar, por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, usurpación, violación de propiedad privada, intimidación y actividad ilícita de recursos mineros.
Según el escrito, el 8 de julio de 2026, alrededor de las 18:35, un grupo de personas habría ingresado al predio denominado Hacienda ILA sin autorización de directivos, representantes legales, administradores o colaboradores de la compañía. El inmueble tiene una extensión aproximada de 627 hectáreas y está ubicado en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo.
La denuncia identifica como presuntos responsables a Marlon Richard Vargas Santi, Segundo Leonidas Iza Salazar, Bolívar Fabián Chimbo Shiguango, Kambak Wayra Alvarado Andy, Mónica Estefanía Palacios Zambrano (legisladora del correpismo) y Guillermo Vicente Báez Mera. Incluye además una lista de veinte personas adicionales cuya participación, según el texto, deberá ser investigada en relación con el ingreso, permanencia, organización, convocatoria, coordinación, apoyo o facilitación de los hechos, así como a personas no identificadas.
El escrito atribuye a Marlon Vargas y Leonidas Iza, ambos dirigentes indígenas, expresiones relacionadas con un eventual desalojo de personas que se encuentran dentro del predio, calificadas en la denuncia como intimidatorias. También hace referencia a publicaciones en redes sociales, entre ellas dos enlaces de Facebook, como parte de la información preliminar recabada.
Respecto de la actividad minera, el documento sostiene que contratistas de la Hacienda ILA realizaron inspecciones dentro del predio y que, según esos recorridos, se habría determinado la existencia de actividad minera en la parte del terreno que la denuncia describe como ocupada. El texto detalla tres coordenadas correspondientes a esa área.
Entre las diligencias solicitadas a la Fiscalía figuran la recepción de versiones de las partes involucradas y de testigos, la verificación del dominio del predio ante el Registro de la Propiedad y el GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, una inspección fiscal y policial en el lugar, la preservación de evidencia digital y de contenido publicada en redes sociales, y el requerimiento de información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
La denuncia solicita, además, medidas de protección, entre ellas, la prohibición de acercamiento de los denunciados al predio y a la representante legal, trabajadores, administradores y colaboradores de la compañía, la prohibición de actos de amenaza o intimidación, y patrullajes preventivos en el perímetro de la Hacienda ILA.
Terraturismo S. A. pidió a la Fiscalía admitir la denuncia, iniciar la investigación previa, individualizar a todas las personas que habrían participado en los hechos y, de existir mérito, formular cargos y solicitar las medidas cautelares que correspondan.
Fuente: El Universo
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