Este 14 de julio de 2026, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ferdinan Álvarez, admitió públicamente que existe una total incertidumbre sobre la presencia física de la exministra de Energía, Inés Manzano, en las audiencias de juicio político que se siguen en su contra.
En declaraciones a la prensa, Álvarez calificó la asistencia de la exfuncionaria como una “incógnita” y señaló que, hasta el momento, desconoce si ella decidirá acudir personalmente al recinto legislativo.
Los argumentos del oficialismo
La duda sobre la presencialidad de Manzano radica, según Álvarez, en un “vacío” dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El legislador oficialista explicó que, si bien la normativa no es explícita sobre la obligatoriedad de la comparecencia física, el derecho a la defensa está garantizado constitucionalmente, lo que permite que el interpelado sea representado por sus abogados o presente escritos.
De hecho, Álvarez, durante la sesión de Fiscalización del 13 de julio de 2026, confirmó que Manzano ya ha ejercido este derecho mediante la entrega de documentos firmados conjuntamente con su equipo legal.
Ante las reiteradas preguntas de los medios sobre qué medidas tomaría la Comisión si la exministra no asiste, Álvarez utilizó una expresión coloquial para ilustrar su postura de espera: “primero hay que embarazar y luego seremos papá”.
Con esto, sugirió que la mesa legislativa no puede adelantarse a los hechos y que solo podrá actuar una vez que se verifique la incomparecencia durante las sesiones programadas. Asimismo, no descartó la posibilidad de que Manzano se conecte de forma telemática a través de la plataforma Zoom.
Esta postura generó una fuerte reacción por parte de los asambleístas proponentes del juicio. Blasco Luna, legislador de la Revolución Ciudadana, citó el artículo 81.1 de la LOFL, argumentando que la normativa señala explícitamente que la imputada “deberá comparecer”. Para Luna, cualquier interpretación que permita a Manzano evadir la presencia física es una “tergiversación” a conveniencia del oficialismo.
Luna advirtió que permitir que la exministra envíe únicamente a sus abogados sería una “falta de respeto contra el pueblo ecuatoriano” y una burla a la demanda de transparencia. En la misma línea, la asambleísta Mónica Palacios denunció que la defensa de Manzano ya envió documentos rechazando la incorporación de nuevas pruebas, lo que a su juicio demuestra un intento de controlar el proceso a “control remoto”.
El conflicto sobre la presencialidad ocurre cuando el cronograma ya fue definido para la práctica de pruebas. Blasco Luna expresó que, si Manzano decide no asistir, debe ser juzgada en ausencia y censurada para generar un precedente político.
Según los interpelantes, Manzano debe responder por el presunto incumplimiento de funciones en la contratación de la empresa ATM, un caso que habría causado un perjuicio económico al Estado alrededor de USD 170 millones (combinado entre Progen y ATM) debido a la entrega de generadores usados y defectuosos.
Ahora, mientras la incógnita sobre la asistencia de Manzano persiste, la Comisión de Fiscalización se prepara para recibir los testimonios de Roberto Luque, Antonio Goncalves y Fabián Calero entre el miércoles y jueves de esta semana. Ferdinan Álvarez proyecta que el informe final sobre este juicio político, que definirá la suerte de la exministra, estará listo aproximadamente para el 25 de julio de 2026.
Radio Pichincha
LV
