La audiencia de vinculación de cuatro empresas a la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado caso Blindaje fue diferida por pedido de las defensas.
La diligencia estaba convocada para este martes 14 de julio de 2026; sin embargo, los abogados señalaron que las empresas que serían vinculadas recibieron la notificación apenas el 13 de julio, un día antes de la fecha fijada, por lo que solicitaron más tiempo para conocer el contenido del expediente y preparar su defensa.
La jueza Silvana Velasco que conoce la causa aceptó el pedido y fijó la nueva fecha para el jueves 23 de julio de 2026, a las 13:00.
Las empresas que serán vinculadas a la investigación
En esta etapa, la Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación de cuatro personas jurídicas a la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos:
- KING TRAIDING LIMITED KT&V CÍA. LTDA., representada legalmente por Luis Roberto Reyna Correa.
- REYPEZPACIFIC S.A., cuyo representante legal es David Leonardo Rodríguez Portes.
- REYSOLUTIONWASH S.A., representada por Gabriela Stephanie Feijoo Arroyo.
- CONSORCIO TORRE VL-V1, cuyo representante legal es Iván Sol Gonzales.
Dos de estas compañías cuentan con representación legal del abogado Gustavo García, quien también defiende al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.
Investigación por presunto lavado de activos
El caso Blindaje se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Según la Fiscalía, la investigación apunta a una presunta estructura que habría movilizado alrededor de USD 15 millones mediante empresas vinculadas y operaciones financieras.
En esta causa, la Fiscalía procesa al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y a otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos.
La investigación también involucra a:
- Luis Jheovanny Reyna Tenorio, señalado por Fiscalía como beneficiario de recursos relacionados con una acción de protección vinculada a trabajadores de Petroecuador.
- Juan Alberto Lastre Castillo, abogado que patrocinó una acción de protección mencionada dentro de la investigación.
- Diego Geovanny Montaño Tenorio, ayudante judicial de la Unidad Judicial de Atacames.
- Carol Zuleyka Lemos Hurtado, funcionaria del Municipio de Esmeraldas y vinculada a una organización no gubernamental.
- Jonathan Geovanny Monte Baguí, técnico de ventanilla de la Unidad Judicial de Atacames.
- Jorge Bolívar Pinos Galindo, juez de Nueva Loja y exjuez de Esmeraldas.
- Kleber Andrés Salcedo Tomalá, exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames.
Defensa sostiene que recursos provienen de pagos laborales
La defensa de Villacís ha señalado que los recursos investigados corresponden a pagos derivados de decisiones judiciales a favor de trabajadores de Petroecuador y ha rechazado que exista un origen ilícito del dinero.
El abogado Gustavo García informó anteriormente que familiares del alcalde, entre ellos su esposa, madre, hermana, hijo y padrastro, rindieron versiones ante Fiscalía dentro del caso, pero aclaró que lo hicieron únicamente en calidad de comparecientes y que no son investigados.
Además, sostuvo que las actividades de las empresas relacionadas corresponden al giro ordinario de sus negocios y descartó que exista relación con actividades de lavado de activos.
Situación del proceso
Dentro de esta causa, la Fiscalía considera a Petroecuador como víctima, debido a que sostiene que los procesados habrían utilizado mecanismos judiciales, como acciones de protección, para obtener presuntos beneficios económicos relacionados con la empresa estatal.
Vicko Villacís y los demás procesados cumplen medidas cautelares, entre ellas prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. La defensa del alcalde ha presentado recursos para revisar esta medida.
Radio Pichincha
LV
