La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ingresó en la siguiente fase dentro del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, tras la definición de un cronograma de comparecencias notablemente reducido.
En un escenario marcado por el rechazo a la incorporación de nuevas pruebas documentales, la mesa legislativa centró su atención en tres testimonios que buscarán esclarecer las presuntas omisiones y el incumplimiento de funciones en la contratación de generación eléctrica durante la crisis de 2024.
Juicio político a Inés Manzano: los tres comparecientes
En este proceso de juicio político se prevé las comparecencias de solamente tres figuras vinculadas al sector energético y de infraestructura del país:
- Roberto Luque: actual ministro de Transporte y Obras Públicas, quien también se desempeñó como ministro de Energía encargado.
- Antonio Goncalves: exministro de Energía.
- Fabián Calero: quien ocupó la gerencia de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
Estas comparecencias están programadas para desarrollarse entre el miércoles 15 y el jueves 16 de julio, dado que la carga testimonial calificada por la comisión no es abundante. El objetivo de estas intervenciones es determinar el grado de conocimiento y responsabilidad política de la exministra Manzano en los contratos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM).
Según los asambleístas interpelantes, el caso ATM es particularmente crítico, ya que la empresa habría entregado generadores eléctricos usados y defectuosos, provocando un perjuicio económico al Estado cercano a los USD 70 millones, cifra que podría escalar a los USD 170 millones al sumar otras irregularidades detectadas.
Un proceso condicionado por el rigor legal
La definición de este cronograma de testimonios llega tras una tensa sesión donde el oficialismo, liderado por la bancada de ADN, impidió la incorporación de informes íntegros de la Contraloría y de la Comisión de Transparencia como “prueba nueva”.
La asambleísta Ana Belén Tapia argumentó que los interpelantes ya conocían estos documentos desde el 17 de junio y no los presentaron oportunamente, por lo que la ley impide añadirlos en esta etapa.
El futuro del informe final
La fase de práctica de pruebas, que inició el 12 de julio, tiene una duración de 10 días. Además de los tres testimonios principales, se espera la intervención de los asambleístas proponentes para sustentar la acusación verbal y los alegatos finales de la defensa de Manzano.
A pesar de la exigencia de la Revolución Ciudadana para que la exministra asista de forma presencial, Ferdinan Álvarez recordó que existe un “vacío legal” en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permite la defensa técnica a través de abogados.
Con las comparecencias de Luque, Goncalves y Calero, la Comisión de Fiscalización pretende recabar los elementos necesarios para elaborar el informe correspondiente, el cual se prevé que esté listo antes del 25 de julio.
Radio Pichincha
LV
