El Tribunal Supremo de España ha emitido un fallo que respalda parcialmente la demanda de Sacyr contra la metodología usada por el Ejecutivo para calcular las compensaciones económicas derivadas del rescate de dos autopistas de peaje. Estas vías, construidas durante el gobierno de José María Aznar en pleno auge económico, quebraron tras la crisis financiera y fueron rescatadas por la administración de Mariano Rajoy. La decisión judicial, fechada el 2 de junio, insta al Gobierno actual a revisar los montos y a agilizar los pagos a las concesionarias.
En concreto, el alto tribunal anula la resolución complementaria aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023, que fijaba un pago de 570 millones de euros a la concesionaria por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Este cálculo ya suponía un incremento de 451 millones respecto a la valoración inicial, luego de que sentencias previas del Supremo obligaran a modificar la fórmula empleada. Las autopistas afectadas son la R-3 y R-5 de Madrid, así como un tramo de la M-50.
El Supremo critica al Ejecutivo por la demora en resolver este proceso, que se ha extendido por más de una década. La sentencia señala que el tiempo transcurrido es «más que prudente» y exige que se emita la liquidación definitiva «sin necesidad de más demora». Esta urgencia contrasta con la complejidad del caso, que involucra a múltiples actores financieros y legales.
El papel de Sacyr y los fondos de inversión
Es importante destacar que Sacyr ya no opera estas infraestructuras, que ahora están a cargo de la sociedad estatal SEITT. La deuda generada por la quiebra fue adquirida por fondos de titulación, como TDA, Bothar y Kommunalkredit, que están personados en el proceso. A pesar de ello, el Supremo ratifica que las constructoras mantienen un interés legítimo para impugnar los cálculos, ya que el objetivo no es cobrar la deuda original sino definir correctamente el monto de la responsabilidad patrimonial.
La concesión de la R-3 y R-5 fue adjudicada en 1999 a un consorcio conformado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC por un periodo de 50 años. Las autopistas comenzaron a operar en 2004, pero en 2012 entraron en concurso de acreedores. A partir de ahí, los fondos asumieron la deuda con la expectativa de cobrar las futuras indemnizaciones estatales.
Hasta ahora, el rescate de las nueve autopistas ha costado al Estado 1.684 millones de euros de forma provisional, ya que la mayoría de los casos aún están en fase de segunda resolución. Los pagos por autopista incluyen: R-4 (134 millones), A-36 (319 millones), A-41 (41 millones), AP-7 Cartagena-Vera (278 millones), AP-7 Alicante (307 millones) y M-12 (46 millones), mientras que la R-2 registra un costo provisional de cero euros.
Esta sentencia del Supremo representa un nuevo capítulo en la larga disputa por las autopistas rescatadas, que sigue generando obligaciones financieras para el erario público español. El Gobierno deberá ahora ajustar sus cálculos y afrontar pagos que podrían superar los 570 millones de euros inicialmente previstos.
Fuente: Infobae
