La captura y la extradición de cabecillas de organizaciones criminales se han convertido en algunas de las principales estrategias del Gobierno para enfrentar al crimen organizado.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó el pasado 3 de julio que durante la actual administración ya se han concretado tres extradiciones desde Ecuador hacia Estados Unidos y adelantó que, en un plazo de 20 días, otro cabecilla sería enviado a ese país.
El funcionario sostuvo que el endurecimiento de las condiciones carcelarias ha llevado incluso a que algunos líderes criminales soliciten ser extraditados.
“Hoy aquellos cabecillas que se encuentran dentro de la Cárcel del Encuentro piden ser extraditados. El castigo que están teniendo dentro de la cárcel hace que ellos prefieran ser extraditados a Estados Unidos”, afirmó.
Extradiciones clave
Durante este Gobierno fueron extraditados Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, y Celso Moreira, alias Patucho Celso, ambos vinculados a Los Choneros, quienes fueron enviados a Estados Unidos el 18 de junio de 2026 desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Antes, el 20 de julio de 2025, también fue extraditado José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros.
El impacto de las extradiciones: vacíos de poder y fragmentación
Sin embargo, especialistas en seguridad consultados coinciden en que aunque estas acciones son necesarias para debilitar a las estructuras criminales, por sí solas no garantizan una reducción sostenida de las muertes violentas ni de otros delitos, como la extorsión.
Para Javier Gutiérrez, especialista en seguridad, identificar, capturar y extraditar a los cabecillas genera un vacío de poder dentro de las organizaciones delictivas que, lejos de traducirse automáticamente en una disminución de la violencia, suele provocar disputas por el control de los territorios.
Explicó que este comportamiento ha sido documentado en países con altas tasas de homicidios, como México, Colombia y Río de Janeiro, en Brasil.
“Cuando hay estas capturas se piensa que habrá una reducción de muertes violentas o casos de extorsión, pero bastan días o semanas para que se vuelva a incrementar la tasa de homicidios, especialmente por las disputas territoriales. Es un patrón. La captura y la extradición por sí solas no producen una reducción sostenida de la violencia”, señaló.
El especialista agregó que estos vacíos de liderazgo son aprovechados tanto por bandas rivales como por integrantes de la propia organización criminal que buscan asumir el mando.
Lo que deriva en enfrentamientos internos y externos por economías ilegales, rutas del narcotráfico, actividades de minería ilegal o zonas de extorsión.
Gutiérrez recordó que esta fragmentación ya se evidencia en Ecuador. Señaló que según datos reportados por el Ministerio del Interior, en 2024 se identificaron 37 grupos criminales, un incremento del 54 % en comparación con 2023.
“Es una lucha fragmentada. Cada grupo quiere dominar zonas de extorsión y comunidades a nivel territorial”, sostuvo.
Estrategias para contrarrestar la fragmentación
Ante ese escenario, considera que el Estado debe anticiparse a las consecuencias que genera la captura de un cabecilla mediante labores de inteligencia policial y militar: “El Estado tiene que anticiparse a las disputas para impedir que nuevos liderazgos se consoliden nuevamente”.
Entre otras acciones, mencionó la cooperación internacional para identificar el comportamiento de estas estructuras, intervenciones focalizadas en los territorios donde operan las bandas y medidas de protección para adolescentes y jóvenes vulnerables al reclutamiento criminal cuando una organización se fragmenta.
Una evaluación similar realizó Byron Sanmiguel, especialista en temas de seguridad.
A su criterio, en numerosos casos la salida de un cabecilla ha derivado en la fragmentación de las organizaciones criminales, lo que genera disputas entre facciones y nuevos ciclos de violencia.
Sanmiguel enfatizó que estas medidas solo resultan efectivas cuando forman parte de una estrategia integral que incluya el control efectivo de los centros penitenciarios, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal, el desmantelamiento de las finanzas ilícitas, la recuperación de territorios bajo influencia de grupos delictivos y el fortalecimiento del sistema de justicia.
Además, indicó que las políticas públicas deben enfocarse en impedir que las organizaciones mantengan su capacidad de reclutar nuevos integrantes, financiarse y reemplazar rápidamente a sus líderes.
Para ambos especialistas, las capturas y extradiciones constituyen una herramienta importante para debilitar a las estructuras criminales, pero sus efectos serán temporales si el Estado no logra impedir que los grupos delictivos se reorganicen y ocupen nuevamente los espacios de poder que dejan los cabecillas detenidos o enviados al exterior. (I)
Fuente: El Universo
