Durante el año fiscal 2025, 31.210 colombianos obtuvieron la residencia permanente legal en Estados Unidos, una cifra que ubicó al país sudamericano entre las diez nacionalidades con más green cards otorgadas. Este período, que abarcó desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, combinó los últimos meses del gobierno de Joe Biden con el inicio de la segunda administración de Donald Trump, por lo que las estadísticas aún no reflejan plenamente el endurecimiento migratorio que se espera medir en 2026.
De acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), en total se concedieron 1.320.080 residencias permanentes legales durante ese año fiscal. Colombia se posicionó en el noveno lugar a nivel global, superando apenas a Vietnam, que registró 31.080 casos.
La Oficina de Estadísticas del DHS precisó que todas las cifras fueron redondeadas a la decena más cercana con el fin de proteger la privacidad de los beneficiarios. El año fiscal 2025 comprendió del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
México encabezó la lista con 195.760 beneficiarios, seguido por Cuba con 84.820, China con 65.670, India con 62.730, República Dominicana con 60.700, Filipinas con 58.620, Afganistán con 47.760 y El Salvador con 33.950. Inmediatamente después de Colombia se ubicó Vietnam con 31.080.
Reunificación familiar sigue siendo la puerta de entrada principal
El informe del DHS destacó que la vía más utilizada para obtener una green card continúa siendo la inmigración basada en la familia. La categoría más numerosa fue la de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses —cónyuges, padres e hijos menores de 21 años—, con 684.530 residencias concedidas.
En segundo lugar aparecieron las preferencias familiares, que incluyen hijos adultos, hermanos de ciudadanos y algunos familiares de residentes permanentes, con 196.740 casos. Las residencias por empleo sumaron 159.070.
El reporte también registró 116.470 refugiados que ajustaron su estatus, así como 60.390 personas con asilo. La lotería de visas de diversidad aportó 52.470 residencias.
A esta lista se agregaron 29.410 iraquíes y afganos que trabajaron para el gobierno estadounidense y sus familias, 15.030 víctimas de delitos y sus familiares, y 3.870 cancelaciones de deportación ordenadas por jueces migratorios. Este reparto confirma que la base familiar sigue muy por delante del resto de las categorías.
Las restricciones de Trump aún no se reflejan del todo en las cifras
El propio corte temporal del informe ayuda a entender por qué los datos no describen completamente la situación actual. Muchas de las solicitudes aprobadas en el año fiscal 2025 habían sido presentadas y procesadas antes de que varias de las políticas impulsadas por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca entraran en vigor.
Es importante señalar que en 2026, la administración Trump endureció de manera significativa los requisitos para obtener la residencia permanente. Entre las medidas más relevantes figura una nueva guía de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) que amplió el margen de discrecionalidad de los oficiales para aprobar o negar solicitudes de ajuste de estatus, al recordar que la green card es un beneficio discrecional y no un derecho automático.
El gobierno estadounidense también impuso un veto migratorio a ciudadanos de 39 países, lo que bloqueó la aprobación de green cards y otros beneficios para sus nacionales. A la vez, suspendió temporalmente el procesamiento consular de solicitudes provenientes de 75 países, una decisión que afectó a miles de personas que tramitaban sus casos desde el exterior, entre ellas numerosos colombianos.
A esto se sumaron nuevas medidas de revisión reforzada, mayores controles de seguridad y políticas que ralentizaron de manera considerable el procesamiento de solicitudes dentro y fuera del país norteamericano.
Dos fallos judiciales ordenan reactivar trámites migratorios congelados
Parte de esa estrategia encontró límites en los tribunales. Esta semana, un juez federal ordenó a USCIS reanudar el procesamiento de green cards, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios para determinadas categorías de solicitantes, al considerar que la agencia excedió su autoridad al congelar los casos.
Esa decisión se sumó a otro fallo conocido en junio de 2026 que también obligó al gobierno a reactivar el estudio de miles de solicitudes suspendidas. Aunque la administración anunció que apelará ambos fallos, las resoluciones representan algunos de los principales reveses judiciales para su política de restricción de beneficios migratorios.
Fuente: Infobae