La comunidad estudiantil de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi alzó su voz de protesta este jueves ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, denunciando un recorte presupuestario del 69% que amenaza con el cierre de la institución.
La jornada, marcada por la indignación y la incertidumbre, concluyó sin una hoja de ruta clara tras la suspensión de la sesión antes de que se pudieran votar mociones de fiscalización.
Una crisis con fecha de caducidad: 31 de julio
La representante estudiantil Sandra Palma señaló que la universidad atraviesa una situación crítica que impide garantizar su funcionamiento básico. Según las denuncias presentadas, la institución solo cuenta con recursos para pagar los salarios de los docentes hasta el 31 de julio de 2026, lo que pone en duda el inicio del próximo ciclo académico.
“Sin dinero no hay universidad”, sentenció Palma, quien además denunció que ya se han producido despidos en el área administrativa por falta de fondos. La exigencia de los estudiantes es la devolución de USD 4,8 millones para asegurar la existencia del proyecto educativo.
Asimismo, los testimonios recogidos durante la comisión destacaron el impacto social de la crisis. Se informó que la universidad cuenta con aproximadamente 2.500 estudiantes, de los cuales el 70% son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar y provenientes de sectores rurales, pueblos y nacionalidades. Los estudiantes también expusieron:
- Impacto Territorial: Manuel Mesías Flores y José Luis Gavidia, estudiantes de la institución, denunciaron que el recorte representa una regresión de derechos y una violación a la seguridad jurídica, afectando especialmente a zonas como la Amazonía, donde la oferta de educación pública es casi inexistente.
- Labor Social: Erika Guevara, estudiante de comunicación, relató cómo la universidad logró intervenir en sectores conflictivos y marginales, rescatando a jóvenes de la violencia y el sicariato a través de procesos comunitarios.
- Infraestructura: también se denunció que la falta de traspaso definitivo de los predios en Conocoto obliga a la universidad a malgastar recursos públicos en alquileres de oficinas y espacios de encuentro.
El Ministerio de Economía no asistió a la comparecencia, enviando un oficio minutos antes de finalizar la sesión en el que alegaba no tener competencia para asignar los recursos solicitados, una postura que el asambleísta Álex Toapanta calificó de “preocupante”.
Por su parte, la asambleísta Ana Belén Yela criticó duramente la gestión de la presidenta de la comisión, Cecilia Baltazar, señalando que convocar a la sesión apenas una hora antes del Pleno de la Asamblea fue una “tomadura de pelo” que impidió concluir el proceso de fiscalización. Pese a los pedidos de los estudiantes y legisladores para continuar con el debate y la votación, la sesión fue suspendida a las 09:48 debido al inicio de la sesión del Pleno.
Los legisladores del movimiento Pachakutik advirtieron que, además del ahogo financiero, existen “falsas denuncias” que buscan desprestigiar a la universidad para justificar una posible intervención estatal.
Ante la falta de una resolución inmediata, los estudiantes advirtieron que no cesarán en sus demandas. “No debemos andar mendigando la plata que por ley nos pertenece”, concluyó Sandra Palma, mientras la comisión anunció que la sesión se retomará el viernes 10 de julio para intentar establecer una solución definitiva a la crisis de la Amawtay Wasi
Radio Pichincha
LV
