Dos ciudadanos guatemaltecos, Jorge Agapito Ventura, de 34 años, y Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26 años, se declararon culpables el miércoles 8 de julio de 2026 ante un tribunal federal en Texas por su participación en una red de tráfico de personas. Ambos enfrentan una pena máxima de cadena perpetua. La audiencia de sentencia quedó programada para el 6 de octubre de 2026, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Estas declaraciones de culpabilidad están directamente vinculadas al accidente más letal relacionado con tráfico humano registrado en México en los últimos años: el vuelco de un tráiler que transportaba a más de 160 migrantes en Chiapas, ocurrido en diciembre de 2021.
La tragedia del tráiler en Chiapas
El 9 de diciembre de 2021, un tráiler con al menos 166 migrantes a bordo volcó y chocó contra un puente en las cercanías de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El saldo fue devastador: 55 personas fallecidas, entre ellas una niña de 16 años, y más de 100 heridos.
Casi todas las víctimas fatales eran de nacionalidad guatemalteca. Entre los heridos también se identificaron personas de República Dominicana, Honduras, México y Ecuador, de acuerdo con reportes de las autoridades de Chiapas.
Los sobrevivientes relataron que viajaban tan apretados dentro del remolque que la mayoría solo podía mantenerse de pie. Las imágenes del lugar del siniestro mostraban cuerpos esparcidos a lo largo de la carretera.
El funcionamiento de la red de tráfico
Según admitieron los acusados ante el tribunal, la red reclutaba migrantes en Guatemala, cobraba por el traslado y los transportaba en distintos vehículos: a pie, en microbuses, en camiones de ganado y en tráileres.
Uno de los hallazgos más graves de la investigación fue el uso de menores no acompañados como parte del esquema. A los niños se les entregaban guiones preparados para que respondieran a las preguntas de las autoridades migratorias de Estados Unidos en caso de ser detenidos.
El fiscal en funciones del Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, describió la operación como una red que movía personas “como una cadena de suministro”: las reclutaba en Guatemala, cobraba su dinero y las apilaba en camiones de ganado y tráileres para un peligroso trayecto por México. “Esa operación terminó con la pérdida de más de 50 vidas en una carretera mexicana”, afirmó.
Los implicados y el proceso judicial
Ventura fue detenido en Cleveland, Ohio, en diciembre de 2024, mientras residía ilegalmente en Estados Unidos. Zavala Quino fue uno de los cinco coimputados extraditados desde Guatemala en 2025 para enfrentar la justicia en Texas.
Antes de las declaraciones del 8 de julio, otros tres integrantes de la red ya habían admitido su culpabilidad:
- Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32 años, se declararon culpables en junio de 2026.
- Daniel Zavala Ramos, de 41 años, lo hizo en abril del mismo año.
Los tres también fueron extraditados desde Guatemala en 2025. Un sexto acusado, identificado como Tomas Quino Canil, de 37 años, aún tiene cargos pendientes. La sentencia de Canil De Zavala y Chitic fue fijada para el 9 de septiembre de 2026, y cada uno enfrenta hasta cadena perpetua y una multa de hasta USD 250.000.
Declaraciones oficiales
El fiscal auxiliar del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, señaló que los acusados “trabajaron juntos para explotar a personas vulnerables al violar las leyes migratorias de este país, con consecuencias mortales”.
En un comunicado de junio de 2026, Duva también indicó que los responsables “maximizaron sus ganancias al apilar a más de 100 hombres, mujeres y niños en un tráiler”, lo que derivó en el accidente.
El director en funciones de HSI —la rama de investigaciones de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Interior—, John Condon, subrayó que el caso demuestra que los traficantes de personas “no se preocupan por los migrantes que transportan, pese a los numerosos riesgos, incluidos el calor extremo y las condiciones peligrosas de traslado”.
La investigación fue realizada por HSI en coordinación con autoridades de Guatemala y México, y forma parte de la Joint Task Force Alpha, el esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior para desmantelar redes de tráfico humano en las Américas. El caso también se enmarca en la Operation Take Back America, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia.
Fuente: Infobae
