La Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales recibió las comparecencias de representantes de BanEcuador B.P., Banco Nacional de Fomento en liquidación (BNFL), Superintendencia de Bancos, Defensoría del Pueblo y Plataforma Corporación Montuvia del Litoral, con el objetivo de analizar denuncias sobre una presunta vulneración de derechos constitucionales relacionada con procesos de recuperación de cartera, retención de fondos y cobro de obligaciones crediticias.
Durante la sesión, César Pérez, representante de la Plataforma Corporación Montuvia del Litoral, expuso las preocupaciones de ciudadanos y pequeños productores agrícolas que, según señaló, han sido afectados por medidas de retención aplicadas dentro de procesos de recuperación de cartera, principalmente en BanEcuador.
Por su parte, Luis Miguel Centeno, gerente jurídico de BanEcuador B.P., explicó que las retenciones se ejecutan dentro de procesos de ejecución coactiva establecidos en el Código Orgánico Administrativo (COA) y conforme a las condiciones aceptadas por los clientes al momento de acceder a créditos.
Precisó que la institución no puede identificar automáticamente si los recursos depositados en una cuenta corresponden a salarios, pensiones, bonos sociales u otros ingresos protegidos, debido a la normativa de protección de datos personales y reserva bancaria. Sin embargo, señaló que cuando los ciudadanos presentan documentación que acredita el origen protegido de los fondos, BanEcuador verifica la información y procede al levantamiento de la medida correspondiente.
Informó que la entidad recibe diariamente solicitudes ciudadanas relacionadas con levantamiento de retenciones y aseguró que existe disposición para revisar los casos presentados por la Corporación Montuvia del Litoral. Además, propuso la creación de una mesa técnica interinstitucional para analizar mecanismos que permitan identificar recursos protegidos y evitar afectaciones durante procesos coactivos.
Respecto al Banco Nacional de Fomento en liquidación, Heytel Moreno, representante jurídico, informó que los casos remitidos a la comisión correspondían a dos ciudadanos, cuyos procesos ya fueron solucionados mediante el levantamiento de las medidas respectivas. Explicó que la entidad no retiene directamente salarios, pensiones o bonos sociales, sino fondos existentes en cuentas bancarias de los deudores.
Asimismo, indicó que la institución ha realizado 21.510 levantamientos de medidas hasta octubre de 2025, en aplicación del Decreto Ejecutivo No. 383, y sostuvo que las medidas recaen sobre cuentas bancarias cuyos titulares deben acreditar si los recursos tienen una protección legal especial.
La representante de la Superintendencia de Bancos, Andrea Molina, agregó que la institución tiene competencias de supervisión y control del sistema financiero, pero aclaró que no puede revisar, suspender o dejar sin efecto medidas cautelares o procesos coactivos, debido a que estas actuaciones corresponden a otras instancias competentes.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, informó que desde el inicio del proceso de liquidación del Banco Nacional de Fomento en 2016 ha atendido 114 casos relacionados con esta entidad y 371 casos vinculados con BanEcuador, alcanzando un total de 485 expedientes a escala nacional.
La institución señaló que varios reclamos corresponden a bloqueos o retenciones de cuentas donde ciudadanos reciben bonos de desarrollo humano, pensiones jubilares, montepíos del IESS y otros beneficios sociales. Además, identificó 28 casos relacionados con grupos de atención prioritaria, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas.
Al cierre de la sesión, el presidente de la mesa legislativa, Jaime Estrada, destacó la apertura de las instituciones convocadas para establecer una mesa técnica de trabajo que permita continuar el análisis de los casos expuestos y buscar soluciones que garanticen la recuperación de cartera sin afectar derechos constitucionales.
JC
