Madres y padres de niños, niñas y adolescentes con autismo, discapacidad y otras neurodivergencias realizaron este miércoles un plantón pacífico frente al Ministerio de Educación para exigir el cumplimiento del derecho a una educación inclusiva y el retiro de una directriz que, aseguran, limita el acceso a apoyos especializados y traslada a las familias costos que deberían ser asumidos por el Estado.
Los manifestantes cuestionan la directriz sobre los denominados “maestros sombra”, emitida el 21 de mayo de 2026. Según sostienen, la normativa obliga a que, cuando un estudiante requiera un apoyo individualizado dentro del aula, sean las familias quienes contraten y financien a un profesional, lo que consideran una medida discriminatoria y contraria a la Constitución.
“Estamos aquí madres y padres de familia convocando un plantón pacífico frente al Ministerio de Educación para que se cumpla con la Constitución y la ley. En la actualidad existe discriminación para los niños con autismo y otras discapacidades”, señaló Cynthia Andino, representante de uno de los colectivos de familias.
Denuncian negativas de matrícula
Las familias sostienen que la discriminación comienza incluso antes del ingreso a clases. Aseguran que numerosos establecimientos educativos rechazan a estudiantes con discapacidad alegando falta de cupos o de capacidad institucional para atenderlos.
Andino recordó que el artículo 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que todos los establecimientos educativos, sin excepción, están obligados a recibir a estudiantes con discapacidad.
“Los colegios cuando escuchan que el niño tiene autismo ya no tienen cupo”, afirmó.
La representante relató su experiencia personal al buscar una institución para su hijo con autismo. Según indicó, 15 colegios privados de Quito rechazaron su matrícula.
“Estuvimos siete meses de agonía e incertidumbre. Solo mediante una acción de protección logramos que un colegio privado aceptara matricular a mi hijo”, explicó.
También aseguró que algunas instituciones argumentaron que no contaban con personal capacitado o que el Ministerio de Educación les permitía negar el ingreso cuando no podían atender necesidades educativas específicas.
Uno de los principales cuestionamientos se dirige al impacto económico que tendría la aplicación de la directriz.
Las familias aseguran que contratar un maestro sombra puede representar pagos mensuales de entre 300 y más de 1.000 dólares, dependiendo del nivel de apoyo que requiera cada estudiante.
“Las familias con hijos con autismo tenemos muchísimos gastos: terapias, medicinas, consultas médicas y exámenes. El Estado no ayuda y ahora el Ministerio nos dice que también debemos pagar por un profesional de la educación”, manifestó Andino.
Añadió que, en muchos casos, son las propias madres quienes cumplen ese rol de acompañamiento dentro de las aulas, especialmente en establecimientos fiscales donde las familias no pueden asumir estos costos.
Cuestionan legalidad de la directriz
Otro de los reclamos apunta a la seguridad jurídica. Según los representantes del colectivo, la directriz fue emitida el 21 de mayo, pero no ha sido publicada en el Registro Oficial.
Durante reuniones mantenidas con autoridades del Ministerio de Educación, indicaron, se les informó que este tipo de actos administrativos no requieren dicha publicación, criterio que las familias consideran contrario a los principios de transparencia y legalidad.
Además, señalaron que ya han presentado observaciones al Ministerio, una impugnación administrativa, denuncias ante la Defensoría del Pueblo, gestiones en la Asamblea Nacional y un pedido ante la Presidencia de la República, sin obtener una respuesta favorable.
Exigen una nueva normativa
Los colectivos solicitan la derogatoria inmediata de la directriz y la elaboración de una nueva regulación que garantice los apoyos especializados para estudiantes con discapacidad, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Ecuador.
Asimismo, plantean que el Ministerio de Educación fortalezca la capacitación tanto de profesionales como de quienes actualmente ejercen funciones de apoyo en las aulas, con el objetivo de garantizar una verdadera inclusión educativa.
Según las organizaciones de padres, más de 150.000 niños, niñas y adolescentes con autismo, discapacidad y otras neurodivergencias podrían verse afectados por las limitaciones que, a su criterio, establece la actual directriz. Las familias insisten en que corresponde al Estado implementar las medidas de acción afirmativa necesarias para asegurar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Radio Pichincha
LV
