La Fiscalía General del Estado solicitó la noche del miércoles 8 de julio de 2026 que el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia imponga una pena de seis años y seis meses de prisión al expresidente Lenín Moreno, identificado durante el juicio por la institución como el “11”, por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro.
El mismo pedido fue formulado para otros 19 procesados, entre ellos familiares y personas del entorno de Moreno, así como empresarios, representantes de la empresa estatal china Sinohydro y otros involucrados en la causa.
Fiscalía retiró acusación contra nieta de Conto Patiño
En la misma audiencia de juicio, el fiscal general del Estado (e), Carlos Leonardo Alarcón, retiró la acusación formulada contra Priscila Burneo Patiño, al señalar que la prueba presentada durante el juicio no permitió acreditar su responsabilidad penal.
Con ese pedido, la Fiscalía concluyó sus alegatos de clausura en el día 29 del juicio y solicitó una sentencia condenatoria para 20 de los 21 procesados.
Al término de la jornada, el Tribunal suspendió la audiencia hasta las 09:30 del jueves 9 de julio, luego de escuchar también los alegatos de la Procuraduría General del Estado y de una de las defensas.
Distribución del dinero en el círculo familiar de Moreno
Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, Moreno y su familia habrían recibido presuntamente más de USD 1 millón provenientes de un esquema de sobornos que, de acuerdo con la acusación, alcanzó aproximadamente USD 76,1 millones y habría sido pagado por Sinohydro en el contexto de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
El fiscal sostuvo que, de ese monto, USD 660.000 habrían beneficiado ilícitamente al expresidente.
De esa cifra, USD 220.000 corresponderían, según la acusación, a una vivienda y su mobiliario que habrían favorecido a Moreno y a su esposa, Rocío González.
Los USD 440.000 restantes, añadió, habrían sido destinados a familiares del exmandatario: su hermano Edwin Moreno (USD 350.000), su hermano Guillermo Moreno (USD 10.000), su hija Irina Moreno (USD 50.000), sus cuñadas Jacqueline (USD 10.000) y Martha (USD 15.000), y su suegra Aída Graciela (USD 5.000).
Durante su intervención, Alarcón sostuvo que la prueba practicada en audiencia permitió mantener la acusación contra 20 procesados, de los cuales siete son señalados como presuntos autores directos y 13 como presuntos cómplices.
Los procesados
Autores directos:
1. Lenín Boltaire M. G.
2. Luciano Enrique C. V.
3. Henry de Jesús G. C.
4. Conto Augusto P. M. (representante legal de Comercial Recorsa)
5. Cai R.
6. Yang H.
7. Song D.
Cómplices:
1. Judith Rocío G. N.
2. Irina M. G.
3. Guillermo Renán M. G.
4. Edwin Ovidio M. G.
5. Martha Guisella G. N.
6. María Auxiliadora P. H.
7. Xavier José M. C. (representante legal de Ginepri S. A.)
8. Juan Carlos P. H.
9. Patricia de las Mercedes P. H.
10. Manuel Ignacio P. H.
11. José Eduardo C.V.
12. Carlos Oswaldo A. A.
13. María Augusta del Rocío B. C.
La carga probatoria
Alarcó añadió que el Tribunal conoció pericias nacionales e internacionales, testimonios, asistencias penales, registros bancarios, información societaria e informes periciales que, a criterio de la Fiscalía, respaldan la teoría del caso y fueron incorporados respetando el debido proceso y el derecho a la contradicción.
Respecto de Priscila Burneo Patiño, el fiscal indicó que la valoración integral de la prueba no permitió demostrar, más allá de toda duda razonable, que hubiera actuado con conocimiento o voluntad dentro del presunto esquema investigado.
Explicó que los elementos presentados en audiencia no evidenciaron que hubiera colaborado en la canalización de presuntos sobornos vinculados con la construcción de Coca Codo Sinclair y agregó que las transferencias que recibió desde la empresa Comercial Recorsa, de propiedad de su abuelo Conto Patiño, fueron justificadas como valores reembolsables por gastos médicos.
Precisó que esa conclusión se limita únicamente a su situación jurídica y no modifica la acusación formulada contra el resto de procesados.
Como parte de sus alegatos de clausura, la Fiscalía reiteró que la empresa estatal china Sinohydro habría entregado beneficios económicos indebidos mediante una estructura que, según su teoría del caso, fue diseñada para ocultar el origen y destino de los recursos.
El esquema expuesto por la Fiscalía
De acuerdo con Alarcón, el presunto esquema habría operado a través de sociedades nacionales y extranjeras, modificaciones de objetos sociales, apertura de cuentas bancarias, emisión de facturas por consultorías inexistentes y transferencias internacionales para canalizar los pagos.
En ese contexto, Alarcón sostuvo que la investigación permitió identificar un grupo denominado “Amigos de Coca Codo”, al que señaló como una pieza relevante para explicar la forma en que, según la Fiscalía, se organizó la distribución de los aproximadamente USD 76,1 millones en presuntos sobornos entre el núcleo empresarial y el núcleo familiar investigados.
Asimismo, afirmó que Conto Patiño y Xavier Macías Carmigniani integraban el grupo denominado por la Fiscalía como los “amigos del 11”, en referencia a Lenín Moreno, y que habrían actuado como representantes comerciales e interlocutores de Sinohydro en Ecuador.
Según el fiscal, la prueba practicada durante el juicio y los testimonios incorporados en audiencia respaldan esa conclusión.
Fiscalía pide otras medidas contra Moreno y el resto de procesados
Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicitó que los 20 procesados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, que se suspendan sus derechos de participación, que se les imponga una multa y el pago de una reparación integral.
También pidió que los acusados ofrezcan disculpas públicas y que se disponga una medida simbólica en favor de la lucha contra la corrupción en el complejo hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Concluidos los alegatos de la Fiscalía, el Tribunal continuará escuchando las intervenciones de las demás partes procesales antes de deliberar y emitir su decisión sobre la responsabilidad o inocencia de los procesados.
Radio Pichincha
LV
