Aunque el acceso a cuentas bancarias y productos de ahorro ha crecido en Ecuador durante los últimos años, la inclusión financiera aún enfrenta importantes desafíos. El acceso al crédito formal, la baja capacidad de ahorro y la limitada confianza en el sistema financiero evidencian que millones de personas siguen sin contar con herramientas que les permitan enfrentar imprevistos o mejorar su bienestar económico.
Así lo revela el estudio “Entorno de la inclusión financiera en América Latina: Ecuador, Colombia y Perú”, elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo de Ecuador (RFD), en colaboración con el Programa de Inversión de la Banca de las Oportunidades de Colombia y el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú.
Más cuentas, no necesariamente más ahorro
El informe muestra que el acceso a productos financieros ha aumentado en los tres países analizados. En Ecuador, el 65 % de la población adulta posee una cuenta financiera, mientras que Colombia alcanza el 82 % y Perú el 59 %.
Sin embargo, contar con una cuenta no significa que las personas tengan capacidad para ahorrar. En Ecuador, aunque el 77 % de la población tiene una cuenta de ahorro, únicamente el 36 % logra ahorrar efectivamente. La situación es similar en Colombia y Perú, donde las cuentas se utilizan principalmente para recibir ingresos, realizar pagos o movilizar dinero, más que para generar un respaldo económico.
El crédito formal sigue siendo una deuda pendiente
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la baja utilización del crédito formal. Apenas tres de cada diez adultos ecuatorianos acceden a financiamiento a través del sistema financiero.
La investigación señala que el 30 % de la población adulta en Ecuador utiliza crédito formal, una cifra inferior a la registrada en Colombia (36 %) y similar a la de Perú (33 %). Esto refleja que una parte importante de la población continúa recurriendo a mecanismos informales o simplemente queda excluida de oportunidades de financiamiento.
Para la directora ejecutiva de la RFD, Valeria Llerena, el desafío ya no consiste únicamente en abrir más cuentas, sino en lograr que las personas utilicen servicios financieros que realmente contribuyan a mejorar su calidad de vida, facilitar el ahorro y acceder a financiamiento responsable.
Emergencias económicas: la familia sigue siendo el principal respaldo
El estudio también alerta sobre la fragilidad financiera de los hogares.
En promedio, alrededor del 40 % de la población en Ecuador, Colombia y Perú recurriría a familiares o amigos para enfrentar una emergencia económica. En contraste, apenas cerca del 16 % utilizaría sus propios ahorros.
Esta situación refleja una limitada capacidad de resiliencia financiera y evidencia que muchas familias aún viven con escaso margen para afrontar gastos inesperados, especialmente aquellos relacionados con salud o pérdida de ingresos.
Pagos digitales crecen, pero persiste la desconfianza
Los medios de pago digitales continúan expandiéndose en la región. En Ecuador, el 43 % de los adultos realiza o recibe pagos digitales, frente al 49 % en Colombia y el 52 % en Perú.
No obstante, el efectivo sigue siendo ampliamente utilizado y persisten problemas relacionados con la confianza en el sistema financiero. Menos del 40 % de los adultos afirma sentirse seguro al realizar operaciones financieras y menos de la mitad califica positivamente su experiencia como usuario.
El informe advierte que esta percepción influye directamente en la permanencia de prácticas informales y limita el uso de servicios financieros más sofisticados.
Educación financiera y regulación, tareas pendientes
Otro de los retos identificados es el fortalecimiento de las capacidades financieras de la población. Menos de la mitad de los ciudadanos demuestra conocimientos y comportamientos adecuados para tomar decisiones económicas informadas.
En el ámbito institucional, el estudio destaca que Colombia y Perú cuentan con marcos regulatorios especializados para la protección del consumidor financiero y estrategias nacionales con mecanismos de seguimiento. Ecuador, en cambio, mantiene
un esquema más general, por lo que identifica oportunidades para fortalecer la coordinación institucional, la protección de los usuarios y el financiamiento de políticas de inclusión financiera.
