La Comisión de Seguridad Integral continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocido como “Ley Antimafias”, con la comparecencia de representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quienes presentaron observaciones técnicas y jurídicas para fortalecer la propuesta normativa.
Los delegados de ARCOM, Julio César León Macas y Antonio Rafael Barreno Cisneros, respaldaron el objetivo de la iniciativa de reforzar la lucha contra el crimen organizado, y plantearon la necesidad de introducir ajustes que garanticen la armonía con la Constitución, fortalezcan la seguridad jurídica y mejoren la técnica legislativa.
Entre sus principales observaciones, recomendaron delimitar con mayor precisión el tipo penal de favorecimiento por parte de servidores públicos, definir con claridad la figura del colaborador dentro de organizaciones criminales y sustentar técnicamente el incremento de penas para el delito de delincuencia organizada.
También propusieron proteger a terceros de buena fe en los casos de uso de infraestructura para actividades ilícitas, establecer criterios objetivos para determinar la pertenencia funcional a estructuras criminales, identificar expresamente a los grupos de atención prioritaria en el delito de reclutamiento y garantizar el debido proceso en los procedimientos de decomiso y extinción de bienes.
Además, señalaron que la inhabilitación para ejercer la abogacía debe aplicarse con estricto respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
Por su parte, los delegados de la ARCH, Gustavo Falcón Hidalgo y Jorge Simbaña, reiteraron la necesidad de fortalecer el control de los delitos vinculados al sector hidrocarburífero. Propusieron incorporar toda la cadena hidrocarburífera al ámbito de aplicación de la norma, así como fortalecer los mecanismos de trazabilidad mediante controles documentales y tecnológicos.
Asimismo, propusieron incluir una reforma al artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos para restituir a la Agencia sus facultades administrativas sancionadoras, como complemento a la persecución penal del crimen organizado. Recordaron que tras la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos en 2021, la institución perdió facultades, situación que ha limitado el control administrativo y favorecido el incremento de actividades ilícitas.
Explicaron que la Agencia regula aproximadamente a 14.500 sujetos de control en toda la cadena hidrocarburífera. Asimismo, alertaron sobre el incremento del robo y desvío de combustibles, al señalar que las perforaciones clandestinas en poliductos pasaron de 258 casos registrados entre 2020 y 2025 a 1.952 casos entre febrero de 2025 y febrero de 2026. Entre las principales modalidades delictivas constan el desvío de combustibles subsidiados, el abastecimiento a la minería ilegal, el contrabando en zonas fronterizas, la adulteración de tanqueros y el uso de estaciones de servicio para introducir combustibles de origen ilícito en la cadena legal.
JC
