La Asistencia Penal Internacional N.° 77, remitida por las autoridades de Panamá y presentada por la Fiscalía General del Estado como parte de las pruebas del caso Sinohydro, contiene el registro de 587 transacciones realizadas desde las cuentas de Comercial Recorsa, empresa vinculada a Conto Patiño, uno de los procesados en la causa por presunto cohecho junto con el expresidente Lenín Moreno y otras 19 personas.
Pericia se derivó de información de asistencia penal internacional
Esa documentación, obtenida mediante cooperación internacional, sirvió de base para la pericia contable elaborada por la economista Annabeleé Arellano, cuyo informe forma parte del expediente fiscal. En él se reconstruyen cientos de transferencias, pagos y movimientos bancarios efectuados desde Comercial Recorsa hacia personas naturales y jurídicas, con un monto que supera los USD 5,6 millones.
La información salió a la luz por primera vez durante la primera jornada de la audiencia de juicio del caso Sinohydro, el 11 de mayo de 2026. Casi dos meses después, el 2 de julio, Arellano compareció ante el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia, como testigo de la defensa de Priscila Burneo Patiño, nieta de Conto Patiño, quien enfrenta el proceso junto con los demás acusados.
Su comparecencia volvió a colocar en el centro del debate el contenido de la asistencia penal internacional, pues la defensa utilizó precisamente un informe elaborado a partir de documentación presentada por la propia Fiscalía para sostener que la investigación no avanzó hasta determinar el destino de todos los recursos reflejados en esas operaciones.
Documentación incorporada por la propia Fiscalía
Durante la audiencia, la defensa insistió en que la Asistencia Penal Internacional N.° 77 no corresponde a información obtenida de manera privada ni a documentos aportados por los procesados, sino a evidencia remitida oficialmente desde Panamá e incorporada legalmente al expediente fiscal.
Sobre esa base documental, la economista Arellano elaboró una pericia contable que analiza las operaciones efectuadas desde Comercial Recorsa.
Su informe identifica 587 transferencias, cheques y pagos realizados a cientos de beneficiarios, información que, según los abogados defensores, nunca fue cuestionada técnicamente durante la audiencia.
De acuerdo con el informe pericial, las operaciones superan los USD 5,6 millones y alcanzan a más de un centenar de personas naturales y jurídicas.
Entre los beneficiarios aparecen representantes religiosos, instituciones vinculadas con la Iglesia Católica, fundaciones, aseguradoras, empresas y otras personas.
La documentación incorpora, entre otros nombres, al exarzobispo de Quito Fausto Trávez; al fallecido arzobispo emérito de Portoviejo Mario Ruiz Navas; las Madres Siervas de María; la Fundación Colegio Americano de Quito; la Fundación Casa del Sagrado Corazón; la Fundación Irfeyal; la Fundación Zoológica del Ecuador; Aseguradora del Sur; Industria Maderera Ecuatoriana; el Colegio Menor, además de otras personas naturales y jurídicas.
Según la pericia, al menos USD 2 millones de los más de USD 5,6 millones identificados fueron destinados a entidades y representantes relacionados con la Iglesia Católica.
El alcance de la investigación y el tipo penal
La incorporación de esta prueba abrió un nuevo debate durante el juicio. Tanto José Molina, abogado de Eduardo Carmigniani, como Felipe Rodríguez, defensor de Priscila Burneo, coincidieron en que las transferencias entre particulares no constituyen por sí mismas el delito de cohecho. Su cuestionamiento se dirigió al alcance de la investigación realizada por la Fiscalía.
Ambos sostuvieron que, si la hipótesis fiscal era que desde Comercial Recorsa se distribuyeron recursos provenientes de presuntos sobornos, la investigación debía extenderse hasta establecer quiénes recibieron el dinero, cuál fue el motivo de cada transferencia y si existía o no alguna relación con funcionarios públicos.
En otras palabras, sostienen que la Fiscalía seleccionó únicamente a determinados destinatarios para formular cargos -incurriendo en lo que denominan una “imputación selectiva”- sin profundizar en el resto de los beneficiarios que constan en esa misma documentación.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el cohecho se configura cuando los servidores públicos, o quienes actúan en ejercicio de una potestad estatal, reciben o aceptan, directa o indirectamente, un beneficio económico indebido para realizar, omitir, agilizar, retardar o condicionar actos relacionados con sus funciones.
La norma prevé penas de uno a tres años cuando existe la aceptación del beneficio; de tres a cinco años cuando el funcionario ejecuta u omite el acto; y de cinco a siete años cuando tiene como finalidad la comisión de otro delito.
Las posturas de los abogados defensores
José Molina (defensa de Eduardo Carmigniani) señaló que, si bien la pericia confirmó técnicamente las 587 transferencias por más de USD 5 millones, el cuestionamiento central no apunta a la existencia de los pagos en sí mismos.
“Son transferencias realizadas entre particulares. Bajo ningún concepto esas transferencias pueden entenderse, por sí solas, como un cohecho”, manifestó.
Respecto al dinero destinado a los representantes de la Iglesia Católica, Molina evitó atribuir cualquier conducta ilícita, señalando que podrían corresponder a donaciones, colaboraciones o actos de beneficencia.
“Yo parto siempre de la buena fe de las personas y de las instituciones. Lo que cuestionamos es por qué la Fiscalía investigó únicamente a unas personas y no verificó el destino del resto de las transferencias”, indicó.
Asimismo, Molina hizo referencia específica a la situación de Eduardo Carmigniani, recordando que, según otra pericia practicada por una especialista de la Fiscalía, ninguna de las personas procesadas recibió dinero directamente de su defendido.
“¿Cómo puede hablarse de distribución de dinero si no existe evidencia de que ese dinero haya llegado a un funcionario público?”, planteó.
¿Patiño realizó donaciones?
Por su parte, Felipe Rodríguez (defensa de Priscila Burneo Patiño), se centró en los 463 beneficiarios identificados en las operaciones de Comercial Recorsa y señaló que la defensa leyó de manera aleatoria cerca de 150 nombres en la audiencia para evidenciar la diversidad de personas e instituciones que recibieron recursos.
Respecto a los fondos dirigidos a la Iglesia Católica, Rodríguez manifestó que la respuesta es sencilla, pues se trataba de donaciones y, por tanto, no tenían por qué ser procesados. “Si ellos no debían ser procesados porque eran donaciones, entonces la pregunta es por qué sí procesaron a otras personas en circunstancias similares”, comentó.
Rodríguez también cuestionó el interrogatorio practicado por la Fiscalía a la economista Arellano, asegurando que el Ministerio Público intentó desacreditar la experiencia de la perita y restar valor a su informe, pero no logró desvirtuar el contenido técnico de la pericia.
“La gran pregunta es: ¿qué hizo que la Fiscalía decidiera procesar a unos y no a otros?”, expresó el defensor, sugiriendo que la única explicación para que Priscila Burneo esté procesada es su parentesco con Conto Patiño.
Testimonio de Priscila Burneo: “Estoy aquí solo por ser nieta de alguien”
El Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia -integrado por los jueces Manuel Cabrera (ponente), Julio César Inga y Daniella Camacho- escuchó el testimonio de Priscila Burneo Patiño, quien relató aspectos de su vida personal para justificar los valores percibidos.
Burneo explicó que nunca desarrolló una actividad laboral independiente y que se dedicó al cuidado de sus hijos, dependiendo económicamente de su esposo.
Aseguró que mantuvo una relación cercana con sus abuelos, Conto Patiño y Beatriz Herdoíza, y que las transferencias observadas por la Fiscalía corresponden al reembolso de gastos médicos y logísticos (hoteles, pasajes aéreos y vehículos) que ella asumió para acompañarlos en sus tratamientos en el exterior durante los períodos 2004-2006, 2010-2014 y 2014-2018.
La procesada detalló que la Fiscalía le atribuye haber recibido aproximadamente USD 70.000 provenientes de Recorsa, pero que la institución conocía desde el inicio que se trataba de reembolsos de gastos. Durante su declaración, Burneo cuestionó la acusación entre lágrimas:
“No creo que en una familia, si alguien necesita ayuda, no se le vaya a ayudar. Estoy aquí solo por ser nieta de una persona, por haber heredado acciones. Hasta hoy no he escuchado a quién entregué el dinero que dicen que fue para cohecho. No he entregado dinero a ningún funcionario público”, exclamó.
Finalmente, Burneo se refirió a las consecuencias personales del proceso, detallando que lleva aproximadamente tres años utilizando un grillete electrónico, una medida que ha afectado profundamente su vida familiar mientras atraviesa una enfermedad grave.
“Las medidas cautelares para algunos no son justas. Quienes siempre nos hemos presentado seguimos dándole la cara a la justicia”, concluyó ante el Tribunal.
Con la práctica de esta prueba y los testimonios rendidos, el Tribunal deberá valorar si los elementos incorporados por la Fiscalía permiten acreditar la hipótesis de cohecho o si la documentación evidencia la necesidad de haber profundizado la investigación general antes de definir los procesamientos dentro del caso Sinohydro.
Radio Pichincha
LV
