Al encontrar suficientes elementos que deben ser debatidos en una audiencia de juzgamiento, la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, llamó a juicio a los diez acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Para el fiscal Álex Castillo, los diez procesados serían parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216.2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. Contra los acusados en calidad de autores y coautores se presentaron 170 elementos de convicción.
La Fiscalía fundamentó su acusación para que sean unos llamados a juicio en calidad de autores, por ejemplo, contra el empresario Jorge Chérrez; los general (sp) exdirectores del Isspol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Núques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
También el fiscal Castillo presentó elementos para que se llame como coautores del delito de peculado a Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox.
Para la Fiscalía, en los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019 se violentó un bien jurídico protegido, una vez los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol. A la acusación se sumó el agravante de que hayan participado más de dos personas en el cometimiento del delito de peculado.
La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a inicios de enero pasado y se resolvió la fase de nulidades. Luego, por diferentes razones, la diligencia no pudo avanzar con la normalidad adecuada. La reinstalación dada este 31 de enero es la continuación de varios días de audiencia dados en noviembre pasado y en los que se escuchó a las defensas de los diez acusados. En noviembre se reinstaló la audiencia que se logró dar el 10 de julio pasado por la jueza Pérez.
La audiencia se reinstaló en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en Quito. La mayoría de los abogados y los procesados asistieron vía telemática a la diligencia. La audiencia se instaló a las 09:30 y aún continúa. (I)
Fuente: El Universo