Una contribución única del 5 % sobre las utilidades a empresas que hayan tenido un incremento de sus utilidades superior al 50 % entre el 2021 y 2022, excepto a las micro, pequeñas y medianas empresas, se planteó en el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica. Sin embargo, esa alternativa es cuestionada por el sector empresarial.
Según el informe del primer debate de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, con esta medida se recaudaría $ 177 millones. Y agregan que “durante los últimos años algunas empresas han presentado un incremento significativo de sus utilidades. Por lo tanto, se busca que este sector apoye de manera progresiva en el esfuerzo de guerra en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia que lleva a cabo el Estado ecuatoriano”.
El sector empresarial no se opone a contribuir para salir de la crisis, están de acuerdo en apoyar, pero aplicando otras acciones. Así lo afirmó Miguel Ángel González, presidente reelecto de la Cámara de Comercio de Guayaquil, durante la posesión del directorio de la entidad para el periodo 2024 – 2027, que se realizó este martes 30 de enero. González también es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) que agrupa a 138 gremios del sector productivo.
Para González “es delicado” cuando se quiere de alguna manera sacar recursos de un sector particular, en este caso los sectores productivos que son los que generan empleo. “Cuando se toman este tipo de medidas se genera inseguridad jurídica, un golpe a la inversión, ese es dinero que se podría invertir para generar más empleo”, aseguró.
El empresario indicó que “nunca debe ser la primera opción” pensar en impuestos, considera que primero hay que hacer los recortes al interior del Estado, priorizar el gasto, luchar contra la corrupción y la defraudación antes que seguirle cobrando a los que sí pagan impuestos. “Hay que cobrarles a quienes no pagan, hay que hacer el trabajo, la diligencia de cobrar a quienes no están haciendo las cosas por la derecha, sino por la izquierda”, enfatizó.
Asimismo, González señaló que se respeta la institucionalidad de la Asamblea Nacional, sin embargo, dijo que no puede crear impuestos, pues esa es potestad del Ejecutivo y en la propuesta del mandatario es un proyecto de ley para debatir el incremento del IVA en tres puntos. “Hay que centrarse en el IVA y ver cuál es el mecanismo adecuado para eso”, señaló.
Y es que dado al desacuerdo en incrementar o no el IVA del 12 % al 15 %, se presentaron propuestas desde las bancadas legislativas. El Partido Social Cristiano (PSC) plantea la creación de una contribución que será del 3,25 % aplicado sobre las utilidades gravables (netas) de las sociedades del ejercicio del 2022, que se declararon en el 2023. La contribución será pagada exclusivamente por las sociedades y no por los ciudadanos. Excluye también a las micro-, pequeñas y medianas sociedades.
Otra propuesta viene del legislador Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, y precisamente una de ellas es un impuesto fijo para los grandes contribuyentes se haría una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno.
Plantea tributar como recaudo mínimo por concepto de impuesto a la renta una tasa del 3 % de los ingresos gravables de los integrantes de los grupos económicos y grandes contribuyentes (Remir), las sociedades residentes en el Ecuador y sus integrantes. Además, a las sucursales de sociedades extranjeras residentes en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes, que conformen parte de los grupos económicos determinados por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tiene que preparar el informe para segundo y definitivo debate del pleno, y tiene como plazo hasta el jueves 1 de febrero para aprobar el texto final.
González ratificó que “van a estar siempre dispuestos a apoyar” la lucha contra la inseguridad. “De hecho con los dos primeros proyectos de ley, ya se está apoyando con algunas contribuciones adicionales y de manera fuerte, más de $ 1.500 millones y seguiremos buscando la forma de ayudar, pero al mismo tiempo es momento oportuno de que se empiecen los cambios estructurales en el Estado, que lo hemos puesto sobre el tapete hace muchos atrás, pero que todavía no se enmiendan, porque si va a haber sacrificio para esta lucha, el sacrificio tiene que venir de parte y parte”, reiteró en su discurso ante el directorio que fue posesionado.
En ese sentido, dijo ha hablado de que se revisen los subsidios para focalizarlos adecuadamente, porque “no está bien que se pida más recursos a un sector productivo, que es el que genera empleo, bienestar e impuestos”. (I)
