El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación federal contra 11 ciudadanos de nacionalidad venezolana y colombiana por presuntamente integrar una red criminal dedicada al tráfico sexual de menores y adultos, la venta de drogas sintéticas y el comercio ilegal de armas de fuego.
Según el expediente judicial, las operaciones del grupo se extendieron en Ohio, Tennessee, Carolina del Norte y Florida, donde las autoridades realizaron detenciones coordinadas y desarticularon parte de la estructura delictiva. El caso expone la sofisticación de las organizaciones transnacionales que actúan en territorio estadounidense, incluyendo la explotación de una adolescente y una mujer adulta.
Operativo federal: arrestos simultáneos en cuatro estados
La investigación, a cargo de una Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, culminó con la presentación de 30 cargos federales el 11 de junio de 2026. El Departamento de Justicia informó que 10 de los 11 acusados fueron detenidos al día siguiente en un despliegue coordinado que abarcó varias jurisdicciones. El único imputado que permanece prófugo sigue siendo buscado por las autoridades. Además, 10 de los procesados carecen de estatus migratorio regular en Estados Unidos.
El expediente judicial detalla cómo la organización trasladaba víctimas entre estados para promover la prostitución. Los acusados publicaban anuncios de sexo comercial en plataformas digitales, especialmente en la región central de Ohio. Entre las víctimas identificadas figura una menor de entre 14 y 18 años y una mujer adulta, ambas explotadas sexualmente durante el periodo investigado. El documento sostiene que cuatro de los imputados conspiraron entre julio y agosto de 2025 para cometer estos delitos.
El grupo operaba con una estructura flexible, capaz de movilizar personas y recursos entre estados, lo que dificultó su rastreo. Durante la investigación se documentó la venta de éxtasis y el tráfico de al menos nueve armas de fuego. Algunos acusados enfrentan cargos adicionales por posesión ilegal de armas debido a su condición migratoria.
El fiscal federal Dominick S. Gerace II subrayó el compromiso de las autoridades al afirmar que los acusados, en su mayoría en situación migratoria irregular, participaron en “una panoplia de actividades ilícitas de tráfico, desde drogas y armas de fuego hasta seres humanos”. Gerace aseguró que el Departamento de Justicia actuará con todo el rigor legal ante delitos de semejante gravedad.
La coordinación del operativo involucró a agentes del FBI y de Homeland Security Investigations (HSI). Jason Cromartie, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Cincinnati, afirmó que la prioridad es “mantener a Ohio a salvo y sacar de las calles narcóticos, armas de fuego y delincuentes violentos”. Por su parte, Jared Murphey, agente especial interino de HSI en Detroit, sostuvo que la acusación “demuestra el compromiso de la fuerza de tareas para proteger a las comunidades frente a organizaciones criminales transnacionales acusadas de explotar a víctimas vulnerables”.
Identidad y distribución geográfica de los acusados
La acusación formal revela que seis de los once imputados residían en Ohio: Jean Pierre Alejandro Guillen Salcedo, Taidin Adreina Ferrer Guillen, Pedro Angel Colls-Flores, Alismar Daniela Contreras-Arevalo, Briyi Daniela Ordonez-Iter y Julian David Patino Pena. Dos de los procesados, John Alexandre Fajardo-Ulzcategui y Jose Ruben Sanchez-Pena, vivían en Tennessee. El listado se completa con Keivar Elian Guillen Salcedo, con domicilio en Charlotte, Carolina del Norte; Therry Brayant Leon Gavida, residente en Jacksonville, Florida; y Dervin Alejandro Colmenares Quintero, con residencia oficialmente consignada en México.
Esta dispersión geográfica demuestra la capacidad de la organización para establecerse en distintos puntos de Estados Unidos, facilitando la movilidad de víctimas y la ocultación de sus actividades ilícitas. La presencia de ciudadanos venezolanos y colombianos evidencia la dimensión internacional de la red.
Estrategia federal y marco legal
El caso se enmarca en la iniciativa de la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, creada mediante la orden ejecutiva 14159 del presidente Donald Trump. El objetivo es combatir organizaciones criminales transnacionales, pandillas extranjeras, redes de trata de personas y extranjeros violentos que actúan en suelo estadounidense.
Cabe aclarar que la acusación contra los once imputados no está relacionada con operaciones militares estadounidenses en Venezuela ni con cifras de menores víctimas de trata atribuidas a carteles criminales, como se mencionó en algunos medios. Esos datos refieren a investigaciones independientes y no figuran en los documentos oficiales vinculados a este expediente, una precisión que también remarcó Fox News Digital.
Aspectos clave y alcance judicial
La causa sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de la ofensiva federal contra el crimen organizado transnacional. El Departamento de Justicia recordó que todos los acusados gozan del principio de presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal. El expediente judicial permanece bajo secreto parcial y la investigación continúa su curso.
Fuente: Infobae
