Las organizaciones campesinas y productivas del Ecuador cuestionan el proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario, al considerar que la propuesta pone en riesgo la producción nacional, la soberanía alimentaria y la permanencia de miles de pequeños y medianos agricultores en el campo. Así lo afirmó Miriam Rodríguez, representante nacional del Sector Campesino y Productivo del Ecuador, quien aseguró que la normativa favorece a los grandes importadores y a la agroindustria, mientras reduce las garantías para quienes producen alimentos en el país.
Según Rodríguez, el proyecto no constituye únicamente una reforma técnica, sino un cambio profundo en el modelo agrario ecuatoriano. A su criterio, la propuesta modifica la forma en que se administran aspectos estratégicos como la tierra, el agua, los mercados y la política agropecuaria, al tiempo que debilita las garantías establecidas en la Constitución para proteger al sector rural.
La dirigente también cuestionó la eliminación del Ministerio de Agricultura y sostuvo que las decisiones relacionadas con el campo se estarían concentrando sin mecanismos de control ni participación de los productores. Además, denunció que las organizaciones campesinas no han tenido acceso al texto actualizado que será debatido en segundo debate en la Asamblea Nacional, pese a que solicitaron conocer su contenido y presentar observaciones.
Temor por las importaciones
Uno de los principales cuestionamientos del sector es que la ley abriría mayores facilidades para la importación de alimentos mientras la producción nacional atraviesa momentos críticos.
Rodríguez puso como ejemplo el caso del maíz, cuya cosecha se encuentra actualmente en marcha. Señaló que, pese a ello, existirían licencias para importar decenas de miles de toneladas del grano durante las próximas semanas, sin que el Estado haya transparentado los volúmenes autorizados ni las razones para hacerlo.
“Primero debe garantizarse la compra de la producción nacional y luego, si existe un déficit comprobado, analizar las importaciones”, sostuvo la dirigente, quien añadió que la Constitución establece la obligación de priorizar la producción ecuatoriana antes de recurrir al mercado internacional.
Precios sin garantías
Otro de los puntos de preocupación es el tratamiento que el proyecto da a los precios de sustentación.
Rodríguez explicó que la propuesta remite la definición de estos precios a mecanismos excepcionales del Ejecutivo, lo que, en su criterio, elimina la obligación permanente del Estado de proteger el ingreso de los agricultores.
La representante afirmó que actualmente ya existen dificultades para hacer cumplir los precios mínimos debido a la falta de controles sobre la cadena de comercialización y el poder que tienen las industrias para fijar las condiciones de compra. Advirtió que, sin una política clara de precios, los productores enfrentarán mayores pérdidas mientras continúan aumentando los costos de fertilizantes, combustibles, transporte e insumos agrícolas.
Riesgo para la soberanía alimentaria
Las organizaciones campesinas sostienen que el proyecto prioriza la denominada “seguridad alimentaria”, enfocada en garantizar el abastecimiento mediante importaciones cuando sea necesario, en lugar de fortalecer la soberanía alimentaria, entendida como la capacidad del país para producir sus propios alimentos.
Para Rodríguez, esa diferencia tiene consecuencias directas sobre miles de familias campesinas, ya que facilita que la agroindustria recurra a productos importados antes de adquirir la producción nacional. A su juicio, ello terminaría desplazando a pequeños agricultores y concentrando el mercado en grandes empresas.
Organizaciones anuncian movilizaciones y respaldan la revocatoria de mandato
Ante este escenario, la Asamblea Nacional de Organizaciones Agropecuarias, Campesinas y Productivas resolvió declararse en estado de alerta y movilización.
Entre sus principales demandas constan el archivo del proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario, la derogatoria de normas que consideran perjudiciales para el sector, la suspensión de licencias de importación mientras exista producción nacional disponible y la apertura de un proceso de diálogo en el que participen las organizaciones campesinas.
Rodríguez afirmó que las bases iniciarán un proceso de socialización del contenido de la propuesta en todas las provincias para informar a las comunidades sobre los posibles efectos de la reforma y coordinar futuras acciones de movilización si sus pedidos no son atendidos.
La dirigente también vinculó estas preocupaciones con una crítica más amplia a la política económica del Gobierno y expresó el respaldo de su organización a la iniciativa de revocatoria del mandato presidencial. Sin embargo, el eje central de las demandas del sector continúa siendo el rechazo al proyecto de ley, al que consideran una amenaza para la producción nacional y para la permanencia de los pequeños productores en el campo ecuatoriano.
