La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente en materia de cambio climático, con la comparecencia del especialista en derecho ambiental, derechos de los pueblos indígenas y derechos de la naturaleza, Julio Prieto, quien presentó observaciones orientadas a fortalecer el marco jurídico bajo los principios de justicia climática y estándares internacionales.
Prieto aclaró que sus planteamientos buscan contribuir al perfeccionamiento de la propuesta legislativa, más no oponerse a la implementación de los mercados de carbono. En ese contexto, destacó la importancia de que el Ecuador cuente con una normativa que permita acceder a estos mecanismos, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de la naturaleza, el respeto a los territorios de pueblos y nacionalidades, y una distribución justa de los beneficios.
El compareciente reconoció como avances del proyecto la creación del Registro Nacional de Cambio Climático, la diferenciación entre mercados regulados y voluntarios, y el fortalecimiento de la rectoría de la autoridad ambiental. Sin embargo, advirtió que la experiencia internacional demuestra que el éxito de los mercados de carbono depende de la incorporación de salvaguardas ambientales y sociales sólidas en la ley.
En ese sentido, propuso elevar a rango legal las salvaguardas para los proyectos de carbono; garantizar el consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades, conforme a estándares internacionales de certificación; establecer mecanismos de distribución justa de beneficios; diferenciar los servicios ambientales de las reducciones de emisiones generadas por la acción humana; crear un comité independiente de vigilancia ciudadana para fortalecer la transparencia y el control social, así como incorporar herramientas tecnológicas que aseguren la trazabilidad y eviten la doble contabilidad de los créditos de carbono.
Prieto sostuvo que estas medidas permitirán fortalecer la confianza de los mercados internacionales, atraer inversión sostenible y generar créditos de carbono con mayor valor agregado.
Enfatizó que la reforma debe incorporar un enfoque de justicia climática, con salvaguardas expresas en la ley y no únicamente en la normativa secundaria, para consolidar un sistema de carbono que promueva la conservación de la biodiversidad, respete los derechos colectivos y posicione al Ecuador como un referente internacional en materia de integridad ambiental y desarrollo sostenible.
RSA