En un paso crucial hacia la justicia y la verdad, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha denunciado que el Ministerio de Defensa de Ecuador mantiene una deuda informativa crítica respecto a casos de desaparición forzada ocurridos bajo el actual estado de excepción.
Tras una reunión de seguimiento liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 5 de junio de 2026, el Estado ecuatoriano ha sido emplazado a entregar cronogramas sobre la participación militar en estos hechos.
La reunión de trabajo, enmarcada en la medida cautelar MC 402-25, se centró en la protección de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras que han denunciado intervenciones irregulares de agentes estatales.
Según el pronunciamiento del CDH emitido este martes, la documentación que el ejército se ha negado a entregar de forma completa es “fundamental para el esclarecimiento de más de 51 casos de presunta desaparición forzada atribuidos a agentes estatales”.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) fue enfático en su postura:
Acuerdos y plazos
Bajo la facilitación de la CIDH, las partes alcanzaron acuerdos específicos que buscan romper el estancamiento de las investigaciones penales. En la minuta de la reunión, firmada con la autorización de la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Fernanda dos Anjos, se establecieron los siguientes compromisos:
- Entrega de órdenes operativas: El Estado debe remitir un cronograma de entrega de información sobre “órdenes fragmentarias y operativas por parte del Ministerio de Defensa”, así como detalles de las unidades y patrullas que intervinieron.
- Acción de la Fiscalía: La Fiscalía deberá adelantar reuniones con los familiares y beneficiarios durante lo que resta del primer semestre de 2026.
- Apoyo a las buscadoras: Se evaluará la posibilidad de brindar atención médica y apoyo económico a las madres y mujeres buscadoras que lideran los esfuerzos de localización.
Billy Navarrete y Fernando Adrian Bastias Robayo, representantes del CDH, subrayaron que la responsabilidad no termina en quienes ejecutaron las detenciones. En su informe, señalaron:
El sufrimiento de las familias
El impacto de la falta de información es devastador para los familiares. Según las organizaciones de derechos humanos, en algunos casos los retrasos en la entrega de datos operativos alcanzan los dos años, lo que “prolonga la desaparición, obstaculiza la acción de la justicia y profundiza el sufrimiento de las familias”.
La CIDH ha otorgado un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación de la comunicación oficial, para que el Estado ecuatoriano remita una respuesta escrita y detallada a las demandas de información y atención planteadas. El CDH ha advertido que mantendrá una vigilancia estrecha sobre el cumplimiento de estos compromisos para garantizar que “toda la información militar relevante sea puesta a disposición de las autoridades”.
Este caso pone a prueba la capacidad del Estado ecuatoriano para rendir cuentas sobre las actuaciones de sus fuerzas de seguridad durante periodos de excepción, en un contexto donde la comunidad internacional, a través de la OEA y la CIDH, ha puesto su mirada sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Radio Pichincha
LV
