En una insistencia por fiscalizar el Municipio de Quito, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) sumó un nuevo eslabón al cerco institucional contra la administración de Pabel Muñoz.
En una sesión celebrada este 30 de junio de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos afirmativos, un cambio del orden del día propuesto por la legisladora Inés Alarcón para investigar la presencia de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senaín) en puestos clave de seguridad del municipio capitalino.
Esa moción surgió tras las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien alertó sobre la existencia de un modus operandi sistemático de “salas espejo” o estructuras de vigilancia paralelas en varios cantones, comparando la situación de Quito con la detectada en la empresa Segura EP de Guayaquil.
Según Alarcón, el sistema de videovigilancia de la capital no estaría orientado a combatir el crimen, sino a “vigilar y espiar a los ciudadanos” mediante redes de inteligencia clandestinas financias con impuestos locales.
Los acusados del oficialismo
Ese nuevo foco de la fiscalización se centra en lo que el oficialismo denomina la “pupila” de la inteligencia. El oficialismo mencionó a cinco exfuncionarios de Senain que hoy ocupan cargos en el Municipio de Quito:
- Carolina Andrade, actual Secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano.
- Washington Martínez, en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
- Ernesto Anzieta.
- Silvia Burgos.
- Paul Andrés López.
En ese sentido, la resolución aprobada por el Legislativo exhorta a la Contraloría General del Estado a iniciar de inmediato exámenes especiales a los contratos del personal municipal y al uso de los servidores de videovigilancia. Asimismo, se insta al Ministerio de Trabajo a realizar inspecciones rigurosas para verificar si estos exmiembros de la Senaín cumplen con los perfiles técnicos y legales para sus cargos actuales.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Franklin Samaniego calificó el proceso como un “show mediático”. Aseguró que las 632 cámaras municipales están bajo el control del ECU 911, una entidad que pertenece al Gobierno Nacional.
“¿A quién pretenden engañar?”, cuestionó Samaniego, sugiriendo que, si existe una estructura paralela, la Asamblea debería fiscalizar al propio ECU 911 y no al municipio. Además, recordó que la actual gestión ha invertido USD 12,8 millones en equipar a la Policía Nacional.
Asimismo, el Municipio de Quito tildó las acusaciones de “totalmente falsas” y recordó que su plan de seguridad fue validado por la propia Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Para la oposición, este nuevo ataque, que se suma a una serie de investigaciones que busca inhabilitar a Muñoz de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
¿Cuántos procesos lleva en contra Pabel Muñoz desde la Asamblea?
A continuación, se detallan los procesos e investigaciones que pesan actualmente contra el Municipio de la capital:
- Compra de 60 trolebuses: el 23 de junio, la Asamblea aprobó un informe que recomienda investigar la adquisición de esta flota por USD 32,9 millones. El proceso, impulsado por el legislador Xavier Ordóñez, señala presuntas irregularidades en el convenio con la oficina de la ONU (Unops) y un supuesto sobreprecio en el valor unitario de los vehículos.
- Mantenimiento del Metro de Quito: el mismo asambleísta Ordóñez solicitó a la Contraloría un examen especial a la etapa precontractual del mantenimiento de la Primera Línea del Metro, un contrato valorado en USD 73,9 millones. Además, el oficialismo impulsa una “fiscalización técnica” por el desgaste de las rieles del sistema.
- Gestión de obras y subsidios al transporte: la legisladora Jhajaira Urresta lideró una moción para investigar el destino de USD 23 millones asignados al subsidio de transportistas. En este proceso se cuestiona la priorización de fondos municipales tras la eliminación del subsidio a combustibles por parte del Gobierno central.
- Seguridad y denuncias de “Salas Espejo”: el ministro del Interior, John Reimberg, denunció ante la Asamblea la existencia de estructuras paralelas de videovigilancia que no estarían controladas por el Estado y que presuntamente servirían para alertar sobre operativos policiales. Por esa razón, Inés Alarcón impulsó un proceso para fiscalizar la contratación de cinco exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain)
- Tasa de recolección de basura: la Asamblea emitió resoluciones contra el municipio por trasladar el cobro de la tasa de basura a las planillas de agua potable. Esta medida fue adoptada por la alcaldía luego de que el Gobierno Nacional eliminara unilateralmente dicho cobro de las facturas eléctricas en 2025.
Todo ello pese a que la Asamblea carece de competencia directa para auditar a los gobiernos locales. De acuerdo con el marco legal vigente, la potestad de fiscalizar los actos municipales recae exclusivamente en los concejos cantonales y en la Contraloría General del Estado, salvaguardando así la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD.
Radio Pichincha
LV
