La Arquidiócesis de San Francisco llegó a un acuerdo para desembolsar 395 millones de dólares y resolver más de 500 demandas relacionadas con abusos sexuales infantiles cometidos por sacerdotes. Un total de aproximadamente 530 sobrevivientes se beneficiarán de este pacto, muchos de los cuales mantuvieron en secreto su experiencia durante décadas antes de decidirse a denunciar.
El anuncio fue realizado por el abogado Jeff Anderson, quien representa a decenas de las víctimas. Este acuerdo se posiciona entre los más cuantiosos en su tipo dentro de la historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Solo el pacto alcanzado por la Arquidiócesis de Los Ángeles en 2024, por 880 millones de dólares, lo supera.
El trasfondo de la quiebra y la ley que facilitó las demandas
La arquidiócesis solicitó acogerse a la ley de quiebras en 2023, tres años antes de firmar este acuerdo. Fue una respuesta directa al cúmulo de cientos de demandas que enfrentaba la institución.
Esa avalancha de litigios fue posible gracias a una normativa californiana aprobada en 2019, que otorgó a las víctimas la posibilidad de presentar reclamos por hechos ocurridos hace décadas, con un plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2022. Varias arquidiócesis del estado recurrieron a la figura jurídica de la quiebra ante la magnitud de las reclamaciones.
Declararse en quiebra, en este contexto, no implica la desaparición ni el cese de operaciones de la institución. Es un mecanismo legal que permite reorganizar las deudas bajo la supervisión de un tribunal federal, que también será el encargado de vigilar que la arquidiócesis cumpla con los términos pactados.
Más allá del dinero: condiciones del acuerdo
El pacto extrajudicial —resuelto sin llegar a un juicio formal— trasciende la compensación económica. El arzobispo Salvatore Cordileone deberá redactar una carta de disculpa personal para cada uno de los sobrevivientes.
En su declaración pública, Cordileone reconoció el daño infligido y señaló:
“Acepto plena responsabilidad por lo sucedido y me disculpo sinceramente con todos los que resultaron perjudicados”.
Además, indicó que el acuerdo ofrece “un camino hacia una compensación justa para sobrevivientes que han cargado con el peso de este abuso durante toda una vida”.
La distribución del dinero no estará a cargo de la arquidiócesis. Un comité integrado por nueve sobrevivientes, que invirtió miles de horas en negociaciones durante tres años, tendrá la autoridad para establecer los criterios de reparto.
Cada víctima podrá presentar su testimonio ante un asignador independiente, quien determinará una distribución que Anderson calificó como “equitativa según las circunstancias únicas de cada sobreviviente”.
Las voces de quienes esperaron décadas
Margie O’Driscoll demandó a la arquidiócesis por el abuso que, según denuncia, sufrió hace casi 50 años a manos de un sacerdote cuando era estudiante en la Marin Catholic High School, en Kentfield, al norte del puente Golden Gate. Ella fue co-presidenta del comité de sobrevivientes durante las negociaciones.
O’Driscoll declaró en una conferencia de prensa citada por The Guardian y ABC News:
“Yo, como cada sobreviviente, he cargado este dolor y esta vergüenza como una bola y una cadena durante mucho, mucho tiempo. Avergonzada y confundida por lo que pasó, rechazada por la arquidiócesis, y a veces ni siquiera creída por familiares y amigos. Creo que hoy la vergüenza va a cambiar de lado”.
Brigid Crotty, otra sobreviviente, describió el daño causado por el abuso y recordó las palabras del sacerdote: “Eres una niña mala y si le cuentas a alguien, todos sabrán que eres una niña mala”. Añadió:
“Lo que se rompió en mí no puede ser roto por medios humanos, era tan profundo”.
Un plan de 14 puntos para proteger a la infancia
La Arquidiócesis de San Francisco era una de las 13 diócesis de Estados Unidos que aún no había divulgado una lista de acusados con credibilidad. El acuerdo la obliga a implementar un plan de 14 medidas de protección infantil y transparencia institucional, según ABC7 News:
- Contratar a un consultor independiente de protección infantil con acceso total a archivos y registros.
- Publicar el informe del consultor en el sitio web de la arquidiócesis.
- Publicar una lista parcial de acusados con credibilidad, con un proceso para ampliarla de forma progresiva.
- Incorporar a un sobreviviente en la Junta de Revisión Independiente de la arquidiócesis.
- Modificar la política de denunciantes para incluir reportes de abuso sexual infantil.
- Crear un archivo público sensible a las víctimas con sus testimonios, documentos institucionales y expedientes del personal acusado.
- Liberar a todos los sobrevivientes de los acuerdos de confidencialidad existentes.
- Prohibir que futuros acuerdos incluyan cláusulas de confidencialidad obligatoria.
- Publicar una Carta de Derechos de los Sobrevivientes en el sitio web y entregarla a toda persona que reporte una conducta indebida.
- Prohibir las comunicaciones digitales privadas entre adultos y menores, incluyendo mensajes de texto individuales.
- Habilitar un formulario anónimo de denuncia en línea.
- Publicar una declaración de no represalias para proteger a empleados que presenten denuncias.
- Exigir al arzobispo que escriba cartas de disculpa personales a cada sobreviviente.
- Adoptar procedimientos reforzados de verificación de antecedentes para todo el personal de la arquidiócesis.
Anderson subrayó la trascendencia de estas exigencias:
“He trabajado con sobrevivientes durante décadas y nunca había escuchado nada tan significativo, tan riguroso, tan sólido como lo que se le exige a la Arquidiócesis de San Francisco”.
Las críticas al acuerdo
No todos consideran suficiente el pacto alcanzado. Tim Stier, ex sacerdote de Oakland, advirtió que los cambios serán limitados mientras no se transforme la cultura interna de la institución:
“No creo que cambie tanto como necesita hasta que el sistema clerical que dirige y la cultura que dirige la Iglesia Católica sean demolidos”.
La arquidiócesis atiende a cerca de 440.000 católicos en los condados de San Francisco, Marin y San Mateo. El cumplimiento de los 14 puntos quedará bajo la supervisión del tribunal de quiebras, que tendrá jurisdicción sobre todas las parroquias, escuelas y entidades afiliadas a la institución.
Fuente: Infobae
