La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, este lunes 29 de junio, recibió los aportes de expertos en el marco del tratamiento del Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y del Proyecto de Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la Protección de las Personas Adultas Mayores, así como del Proyecto de Reformas para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, como parte del proceso de construcción de estas normativas.
David Crespo, experto en derecho penal, recordó que es necesario que las leyes garanticen el desarrollo y la protección de los derechos de las personas adultas mayores de manera ágil y oportuna, a fin de evitar la tramitología a la que está sometido este segmento de la población. Añadió que la carga administrativa debe recaer en las entidades públicas y en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), para garantizar el cumplimiento de estos derechos.
Respecto de las reformas al COIP para la Protección de las Personas Adultas Mayores, consideró que es necesario determinar con claridad las circunstancias que configuran el delito de violencia patrimonial contra las personas adultas mayores, de manera que no exista lugar para interpretaciones erróneas o confusiones con otros delitos ya tipificados en la legislación penal.
En cuanto a la participación de personas vinculadas al entorno de este grupo, como familiares o cuidadores, señaló que esta circunstancia debería constituir un agravante que justifique una pena más severa. Destacó, además, que ambas iniciativas legislativas son oportunas y contribuyen al fortalecimiento de los derechos de las personas adultas mayores.
Utilización de niñas, niños y adolescentes
Asimismo, en el tratamiento de las reformas para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, el constitucionalista André Santos Espinoza recordó que Ecuador es uno de los países con mayores índices de reclutamiento de menores por parte de bandas y grupos de delincuencia organizada. Por ello, enfatizó la importancia de que esta reforma incorpore medidas eficaces para prevenir la expansión de este fenómeno.
Entre sus propuestas, sugirió establecer medidas como el bloqueo de páginas digitales y direcciones URL utilizadas para el reclutamiento. Asimismo, planteó analizar experiencias internacionales, como la de El Salvador, donde se prohibió el uso de insignias, grafitis, canciones y otros símbolos que identifican a pandillas, bandas y grupos delincuenciales, a través de redes sociales y otros medios, con el propósito de prevenir el reclutamiento.
Añadió que también existen experiencias en Estados Unidos, donde se han establecido perímetros territoriales en los cuales se prohíben determinadas actividades, como el consumo de drogas, con el fin de reducir los factores asociados a la delincuencia.
EG
