El reciente despliegue de los comandos de élite Iwia, conocidos como los “demonios de la selva”, hacia las provincias de la Costa ecuatoriana ha sido presentado por el Gobierno como un hito en la “ofensiva total” contra el crimen organizado.
Sin embargo, voces expertas como las del general en servicio pasivo Luis Altamirano y el investigador Renato Rivera cuestionan si este movimiento responde a una planificación táctica efectiva o si es una pieza más de una narrativa política que intenta sostener la imagen gubernamental.
El despliegue, enmarcado en el Decreto Ejecutivo 423, contempla la movilización de 13.000 efectivos militares a las provincias de Guayas (5.000), Los Ríos (3.000), Manabí (3.000) y El Oro (2.000).
Entre ellos destacan 145 soldados Iwias, indígenas de las nacionalidades shuar y achuar de Pastaza, cuya preparación se centra en el combate táctico y la supervivencia en condiciones extremas de selva.
Pese a su mística y riguroso entrenamiento, su llegada a entornos urbanos como Guayaquil y Durán para realizar controles de armas y patrullajes ha generado un debate sobre la idoneidad de su empleo en funciones de seguridad ciudadana.
La seguridad como único activo narrativo
Para el general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, el traslado de estas unidades de élite es parte de una estrategia para mantener la seguridad como la “columna vertebral de la narrativa gubernamental”.
Según Altamirano, ante la falta de resultados concretos —con cifras de homicidios que ubican al 2026 como el segundo año más violento de la historia del país—, el Gobierno recurre a lo que denomina “himnocracia”: la construcción de realidades emocionales que impiden al ciudadano evaluar resultados objetivos.
Además, señala con preocupación la “policialización” de las Fuerzas Armadas, donde soldados altamente especializados son utilizados como “un policía más” sin la experticia, instrumentos ni inteligencia adecuados para el entorno urbano, lo que conlleva un desgaste institucional.
El riesgo de desproteger la Amazonía
Por su parte, el especialista Renato Rivera coincide en que este movimiento tiene una fuerte carga política y de imagen, pero añade una preocupación social y territorial.
Un punto crítico en el análisis de Rivera es el vacío de seguridad que dejan estos comandos en sus zonas de origen. Al retirar a estos efectivos de la región amazónica, se corre el riesgo de que en estas áreas aumenten actividades como la minería ilegal.
Rivera advierte que el abandono de los patrullajes en comunidades indígenas —que son las primeras víctimas de la explotación ilegal— genera repercusiones graves en el control territorial de la selva.
Una fuerza de élite en un escenario ajeno
Mientras los comunicados oficiales destacan que los Iwias están preparados para operar “en todos los rincones donde se disponga”, los analistas sugieren que su eficacia se ve limitada al ser extraídos de su entorno natural.
Rivera destaca que no se están midiendo los riesgos sociales de mover a militares indígenas fuera de sus comunidades, mientras que Altamirano señala que la ausencia de una política pública integral está siendo sustituida por “piezas de marketing” que no resuelven el problema de fondo de la violencia.
Así, aunque la presencia de los Iwias en la Costa busca devolver la calma a la ciudadanía, la comunidad experta advierte que este despliegue podría ser más un acto mediático que una solución estructural a la crisis de inseguridad que atraviesa el Ecuador.
Radio Pichincha
LV
