El próximo 11 de julio de 2026, el “corazón térmico” del país —un parque de centrales termoeléctricas viejas, obsoletas y sobreexplotadas— podría quedarse sin el paraguas de una póliza de seguros, justo cuando el país se asoma al abismo de un nuevo estiaje.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) enfrenta hoy una situación compleja, pues el proceso de licitación LICSG-CELECEP-2026-01025 se encuentra actualmente como “suspendido”, esto, a pesar de que la holding estatal califica la contratación como una “medida imperativa y estratégica, dada la proximidad del vencimiento de la extensión de vigencia el 11 de julio de 2026”.
La razón del frenazo no es menor.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó inobservancias graves. Según consta en el portal oficial, “la entidad ha incumplido lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 21 de su Reglamento General, al no haber contestado todas las preguntas realizadas en el presente proceso”.
Esta omisión técnica ha generado una violación sustancial al procedimiento, lo que llevó a la recomendación de cancelar el concurso que tiene un presupuesto referencial de USD 42,93 millones.
Este no es un tropiezo aislado. La historia de Celec intentando asegurar sus termoeléctricas es un camino de fracasos. En octubre de 2024, una licitación por USD 31,1 millones fue cancelada por inobservancias a la normativa. En marzo de 2025, un nuevo intento por USD 30 millones se declaró desierto porque “no se presentaron ofertas dentro del plazo establecido“.
Hoy, la cobertura de las termoeléctricas está a cargo de la aseguradora Hispana de Seguros S.A., la cual expira en pocos días (11 de julio).
El peso de la obsolescencia
Mientras las hidroeléctricas dependen de la voluntad del clima, las termoeléctricas deberían ser el respaldo firme, pero muchas de ellas son hoy piezas de museo operativas, pues existen equipos con hasta 50 años de antigüedad que arriesgan más de 578 MW de energía térmica en pleno estiaje.
Las plantas fueron diseñadas para una vida útil de 20 a 25 años, pero Ecuador ha duplicado ese tiempo de servicio.
Un caso emblemático es la central Gonzalo Cevallos, en Guayas, cuyas unidades tienen 51 y 46 años de funcionamiento. La central Esmeraldas I ya suma 42 años de operación, y plantas como Aníbal Santos y Trinitaria superan con creces el cuarto de siglo.
La longevidad de este parque térmico no solo afecta la generación, sino que hace que el mantenimiento sea una pesadilla logística. Los técnicos advierten que conseguir repuestos para máquinas tan antiguas es una tarea casi imposible en el mercado actual.
Esta realidad incrementa drásticamente la probabilidad de salidas imprevistas del sistema, un riesgo que, sin un seguro vigente, se traduce en pérdidas directas para el erario nacional.
Millones en daños y fallas recurrentes
La falta de un seguro no es un tema abstracto cuando se revisa el historial de siniestros de los últimos años. Las termoeléctricas de Celec han sufrido daños que han costado millones de dólares. Según el detalle de siniestros entre 2021 y 2026 que reposa en los documentos del proceso de contratación suspendido, la frecuencia y el costo de las averías son escalofriantes.
Uno de los eventos más costosos ocurrió el 29 de marzo de 2024 en la unidad de generación 6FA2 de Termogas Machala. El siniestro, descrito como una “ruptura/desprendimiento del conjunto rotor rueda pala R0”, generó una pérdida estimada de USD 10.676.424,24 por rotura de maquinaria, sumada a otros USD 3.826.477,00 por lucro cesante.
La central Enrique García también ha sido un foco de gastos masivos. El 29 de febrero de 2024, un daño en el estator de la unidad TG5 implicó una pérdida de USD 5.872.785,49. Apenas dos meses después, el 25 de abril, la misma unidad sufrió un segundo evento que costó otros USD 1.055.043,76.
Incluso en 2025, los daños continuaron.
En mayo de ese año, la Central Térmica Miraflores (Termomanabí) registró daños en su unidad de generación Nro. 2 por un valor de USD 5.500.000.
El caso más reciente y dramático es el de Esmeraldas I, que el pasado 5 de junio de 2026 sufrió un incendio en su torre de enfriamiento mientras se realizaban trabajos de mantenimiento. El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, confirmó que esta planta “estará fuera de operación entre nueve meses y un año”, lo que crea un “hueco” crítico en la oferta energética.
Sin una póliza que cubra estos eventos a partir del 11 de julio, cualquier fallo similar obligará al Estado a pagar las reparaciones de su propio bolsillo, en momentos en que la caja fiscal está bajo presión.
El espectro del estiaje: Sin agua y con las máquinas fallando
La suspensión del contrato de seguros ocurre en el umbral del estiaje 2026-2027, el periodo de sequía donde los caudales de los ríos caen y la generación hidroeléctrica se desploma. Según proyecciones del Ministerio de Ambiente y Energía, en un escenario crítico, “el déficit de energía de Ecuador sería de alrededor de 1.300 megavatios“.
La realidad es que, si las hidroeléctricas bajan su aporte, el país depende de las termoeléctricas que hoy están al borde de quedarse sin seguro.
El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) ha advertido que “la indisponibilidad de la generación térmica podría afectar la continuidad del suministro de energía eléctrica”. Con la salida de Esmeraldas I por el incendio de junio, el país contaría solo con unos 760 megavatios de energía termoeléctrica propia.
Los expertos señalan que el sistema está operando en un estado de “vulnerabilidad estructural”.
De hecho, la probabilidad de que la generación local sea incapaz de cubrir la demanda es del 25% en el horizonte estudiado. Si esta crisis se materializa, el impacto económico es considerable: bajo una sequía extrema, las pérdidas por energía no suministrada podrían escalar hasta los USD 823,69 millones, según un informe de Cenace.
Un riesgo estratégico ignorado
La situación es una tormenta perfecta: centrales que superan los 40 años de vida útil, un historial de fallas, un estiaje inminente con un déficit proyectado de 1.300 megavatios y, como detonante, un proceso de seguros suspendido por no contestar preguntas en una licitación.
Celec ha insistido en que estas centrales deben operar a su “máxima capacidad durante periodos de estiaje”, lo cual “incrementa la vulnerabilidad de sus activos”.
Si para el 11 de julio no se logra rehabilitar el proceso o encontrar una solución de emergencia, Ecuador estará operando su infraestructura más crítica y propensa a fallos sin una aseguradora.
El costo de una sola turbina rota o un nuevo incendio en una torre de enfriamiento podría ser el golpe de gracia para un sistema eléctrico que ya camina sobre la cuerda floja. La pregunta no es si las máquinas fallarán, sino quién pagará la cuenta cuando lo hagan en menos de tres semanas.
Radio Pichincha
LV
