Washington presentó una queja formal ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) señalando que el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega transformó a Nicaragua en un «Estado policial dinástico». La acusación incluye violaciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución política, represión contra organizaciones civiles y un llamado a intensificar la presión diplomática global.
Durante la misma sesión, la delegación estadounidense responsabilizó de forma directa al gobierno nicaragüense por el fallecimiento bajo custodia del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera. Asimismo, exigió la excarcelación de todas las personas que considera presos políticos detenidos injustamente.
De acuerdo con la denuncia expuesta en la Asamblea General de la OEA, realizada en Panamá, el régimen de Managua endureció las limitaciones a la libertad de culto. Más de 300 clérigos y monjas fueron obligados a salir del país, expulsados o no pudieron regresar; la mitad de los obispos vive en el extranjero y al menos 51 sacerdotes corren el riesgo de quedar apátridas.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr., fue quien presentó la postura de su país. Rizzuto afirmó que la decisión de Nicaragua de abandonar el organismo hemisférico no la exime del escrutinio internacional.

Denuncia vincula crisis de 2018 y reformas constitucionales de 2025
Rizzuto señaló que, a partir de la crisis de 2018, el régimen afianzó un sistema autoritario que, a juicio de Washington, constituye una amenaza para la estabilidad democrática en la región.
Además, indicó que las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional desde 2025 incrementaron el poder político de Rosario Murillo.
“Los dictadores han silenciado, exiliado y encarcelado en condiciones horribles a miles de opositores reales y percibidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Los arrestos injustos continúan sin cesar y las autoridades someten a presos políticos liberados a vigilancia policial constante, acoso y limitaciones de movimiento.”
La declaración incluyó una denuncia concreta sobre opositores, periodistas y exiliados. Rizzuto aseguró que el régimen aumentó el acoso y la violencia contra comunicadores nicaragüenses que viven en el exterior y que practica una represión de alcance transnacional, lo que genera preocupación en el continente.
La acusación abarcó libertad religiosa, muerte bajo custodia y falta de seguridad jurídica
“Persisten las violaciones de las libertades religiosas. La dictadura ha exiliado por la fuerza, expulsado y negado el reingreso a Nicaragua a más de 300 clérigos y monjas, la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan la posibilidad de apatridia.”

Esta denuncia se dio a conocer en medio de continuas quejas de entidades internacionales acerca de las restricciones a grupos religiosos y el exilio forzado de numerosos integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua.
Rizzuto también mencionó el fallecimiento de Brooklyn Rivera mientras estaba detenido.
“Fue horrible, todavía debería estar vivo”
, expresó.
Posteriormente, responsabilizó directamente al gobierno.
“Estados Unidos considera a la dictadura Murillo-Ortega singularmente responsable de su muerte, condenamos el arresto y encarcelamiento de los miembros de la familia Rivera y pedimos la liberación de todos los presos políticos injustamente detenidos”.
El diplomático añadió que el panorama político nicaragüense perjudica cualquier posibilidad de desarrollo económico. Afirmó que ninguna nación puede aspirar a invertir en un país donde las confiscaciones de propiedades son constantes y no existe seguridad jurídica.
Fuente: Infobae