El informe ejecutivo de MAPEA y el encuentro organizado por Tramared lanzan una alerta que no puede ignorarse: más del 50% de los estudiantes argentinos reconoce distraerse con dispositivos digitales durante las clases. Sin embargo, la solución no pasa por una prohibición absoluta, ya que el problema involucra dimensiones pedagógicas, culturales, familiares y políticas.
El teléfono celular ingresó a las escuelas mucho antes de que estas pudieran definir qué hacer con él. Está presente en los bolsillos, mochilas, recreos, aulas, grupos de WhatsApp, redes sociales, tareas y también en los conflictos. Su inclusión ya no es una excepción, sino parte de la rutina de niños, adolescentes, docentes y familias. Por eso, la interrogante ya no es si los celulares deben estar o no en la escuela, sino quién gobierna esa presencia, con qué reglas, con qué propósito pedagógico y con qué capacidad institucional.
El informe de MAPEA fue presentado y debatido el pasado 23 de junio en un encuentro convocado por Tramared, con la participación de expertos en la agenda digital educativa: Alejandro Artopoulos (profesor de la Universidad de San Andrés, sociólogo y doctor por la Universitat Oberta de Catalunya); Emiliano Pereiro (jefe del área de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial de Ceibal, Uruguay); Juan Benavacqua (responsable de proyectos socioeducativos en Movistar); y Federico del Carpio (coordinador de Políticas Educativas en Argentinos por la Educación).
Durante la jornada se analizaron datos que reflejan una preocupación creciente en las comunidades educativas. Según PISA 2022, en Argentina el 54% de los estudiantes de 15 años declaró distraerse con dispositivos digitales en clase, mientras que el 46% afirmó distraerse por el uso que hacen sus compañeros. Estas cifras evidencian que el problema no afecta solo al usuario del celular, sino que repercute en el clima general del aula, la atención colectiva y las condiciones para enseñar y aprender.
A nivel internacional, la inquietud también se incrementa. Entre los períodos 2017-2018 y 2021-2022, el uso problemático de redes sociales aumentó un 49% en promedio en 44 países y regiones, según el estudio HBSC de la OMS utilizado por la OCDE. En el mismo lapso, la victimización por ciberacoso creció un 26% y la perpetración de ciberacoso subió un 25%. El impacto es mayor en las niñas: en casi el 80% de los países analizados, la proporción de niñas con uso problemático de redes superó a la de los varones, y la brecha de género pasó de 1,5 a 5 puntos porcentuales en solo cuatro años.
Estos datos explican por qué la regulación del celular y las redes sociales se ha convertido en un tema central de política pública. A fines de 2023, solo un país miembro o candidato a la OCDE analizaba restricciones de edad para redes sociales; para abril de 2026, ya eran 25 países con leyes aprobadas o en discusión. La mayoría propone edades mínimas de acceso entre los 15 y 16 años. Por ejemplo, Australia fijó los 16 años como umbral regulatorio para el acceso a redes sociales.
En América Latina, el debate avanzó con fuerza. A marzo de 2026, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay cuentan con leyes nacionales sobre uso de celulares en escuelas. Argentina, en cambio, no tiene una ley nacional, pero sí regulaciones subnacionales en más de diez provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La región se mueve con enfoques dispares: prohibición, restricción, regulación con excepciones, autonomía institucional, usos pedagógicos autorizados y políticas de ciudadanía digital.
Sin embargo, el principal consenso del encuentro Tramared fue claro: prohibir no es lo mismo que educar. La prohibición selectiva puede ordenar ciertos momentos escolares, reducir interrupciones o servir como primer paso frente a situaciones críticas, pero no constituye por sí sola una política educativa integral. El problema no es únicamente el dispositivo, sino el ecosistema digital en el que viven los estudiantes: redes sociales, algoritmos de persuasión, ciberacoso, sobreexposición, desinformación, publicidad dirigida, inteligencia artificial generativa y nuevas formas de delegación cognitiva.
Los especialistas coincidieron en la necesidad de distinguir entre celulares y redes sociales. Prohibir el celular en la escuela no equivale a regular el acceso de menores a plataformas digitales. Las leyes internacionales más recientes apuntan a las redes sociales, sus mecanismos de captación de atención y las responsabilidades de las plataformas. Esta distinción es clave: si el diagnóstico se concentra solo en el aparato, la respuesta puede ser superficial.
El informe MAPEA también recupera evidencia que obliga a evitar soluciones simplistas. Estudios sobre restricciones físicas, como guardar celulares en fundas o casilleros durante la jornada, muestran que estas medidas pueden reducir el uso del teléfono, pero no garantizan automáticamente mejoras académicas, mayor atención, mejor asistencia ni reducción del ciberacoso. Incluso pueden generar, a corto plazo, mayor ansiedad, malestar o conflictos disciplinarios, especialmente si la medida se implementa sin acuerdos ni acompañamiento.
Se conversó también sobre evidencia local. El informe técnico de UCA y Asociación Conciencia sobre la escuela secundaria argentina muestra que el uso no permitido de dispositivos móviles en el aula es considerado un problema por el 58,4% de los educadores. Pero no es la principal preocupación. Antes se ubican la falta de motivación estudiantil (82,3%), las inasistencias (73,8%), la falta de personal de apoyo especializado (66%) y la falta de exigencia académica (61,8%). Al priorizar los problemas más graves, el uso no permitido de dispositivos queda cuarto, con el 31,3%. Este dato cambia el eje del debate: el celular preocupa, pero dentro de una crisis más amplia de sentido escolar, autoridad pedagógica, motivación, asistencia, convivencia y capacidad institucional.
No se trata solo de sacar pantallas del aula, sino de reconstruir condiciones para enseñar y aprender.
En esa línea, otro dato relevante del informe UCA es que el 41,6% de los educadores prefiere la integración pedagógica del celular en el aula, por encima de la prohibición total (18,7%) y de la restricción en el aula (16,9%). La integración pedagógica tiene aún más adhesión en escuelas rurales, técnicas, de nivel socioeconómico bajo y entre directivos. Esto sugiere que, en muchos contextos, el celular puede ser el único dispositivo disponible para acceder a información, producir contenidos, traducir o participar en actividades escolares.
Por ello, el enfoque que surge del encuentro no es de permisividad ingenua ni de prohibicionismo absoluto, sino de gobernanza digital. Esto implica construir reglas claras, comunes y sostenibles; definir cuándo sí y cuándo no se usa tecnología; acompañar a docentes y familias; escuchar a los estudiantes; proteger la salud mental; regular a las plataformas; y desarrollar ciudadanía digital como contenido transversal de la vida escolar.
La escuela no puede quedar sola frente a una industria tecnológica diseñada para capturar la atención, ni delegar en cada docente la negociación diaria de reglas en el aula. Se necesitan acuerdos institucionales, marcos públicos, apoyo docente, acompañamiento a las familias y sistemas de monitoreo. La autoridad pedagógica no se recupera solo retirando dispositivos, sino construyendo condiciones para que la norma tenga sentido y sea parte de una cultura escolar compartida.
El encuentro dejó además una advertencia sobre la inteligencia artificial generativa. Ya no se trata solo de notificaciones, redes sociales o distracciones. La IA introduce una nueva capa de riesgo: puede facilitar la copia, reemplazar procesos de elaboración, debilitar el pensamiento crítico y promover una delegación cognitiva temprana si la escuela no enseña a usarla con criterio. Pero también puede ser una herramienta poderosa si se integra con sentido pedagógico, ética y orientación docente.
La conclusión más fuerte del informe MAPEA y del debate Tramared es que la política educativa debe salir de la falsa dicotomía entre prohibición y libertad total. La escuela necesita reglas, pero también necesita enseñar. Necesita cuidar, pero también formar autonomía. Necesita limitar ciertos usos, pero no renunciar a preparar a los estudiantes para vivir en un mundo digital.
El celular en la escuela es apenas la parte visible de una transformación más profunda. Lo que está en juego no es solo la atención en clase, sino la capacidad del sistema educativo para formar ciudadanos críticos en un entorno atravesado por pantallas, plataformas e inteligencia artificial. La respuesta no puede ser espasmódica ni meramente normativa: tiene que ser pedagógica, institucional y democrática.
Porque el verdadero desafío no es sacar el celular de la escuela, sino lograr que la escuela vuelva a gobernar el tiempo, la atención, la convivencia y el aprendizaje en una sociedad digital.
Fuente: Infobae