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Empresarios venezolanos pagaron a entorno de Zapatero y pidieron nacionalidad

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, señalados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como quienes desviaron más de un millón de euros hacia empresas ligadas al conocido como “Grupo Zapatero”, solicitaron al expresidente del Gobierno que intercediera para acelerar los trámites de la nacionalidad española tanto para ellos como para varios de sus familiares.

La información se desprende de los chats de WhatsApp incautados en el teléfono de Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, a los que accedió Infobae y que ya forman parte del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Las conversaciones evidencian que la oficina del exmandatario monitoreaba de cerca el avance de esos expedientes mientras mantenía una comunicación fluida con los empresarios venezolanos.

Este episodio cobra especial relevancia porque los Amaro Chacón no son simples contactos en el caso. Son los dueños de Inteligencia Prospectiva, una compañía que la UDEF califica de “sin actividad real” y que, según Hacienda, transfirió más de un millón de euros a firmas relacionadas con el círculo profesional y familiar de Zapatero.

Los mensajes dejan entrever una relación de confianza que va mucho más allá de la mera organización de citas o eventos laborales.

El seguimiento de los expedientes de nacionalidad

La secuencia arranca el 27 de mayo de 2024. Ese día, Gertrudis Alcázar le comunica a Guillermo Amaro Chacón que, por orden de Zapatero, la reunión prevista para la tarde siguiente se celebrará en la oficina del expresidente a las 18:15 horas. También le pregunta cuántas personas asistirán. El empresario responde al instante confirmando la presencia de cuatro asistentes y agradeciendo la gestión.

Apenas dos días después, el 30 de mayo, la charla cambia de rumbo. Alcázar vuelve a escribirle, pero ya no para hablar de agendas, sino del estado de los trámites de nacionalidad. “Hola Guillermo, por favor, dime qué nacionalidades son las que os han comunicado que están ya concedidas y cuáles siguen a la espera”, pregunta desde el teléfono identificado como “Oficina PZp-Gertrudis”.

La respuesta llega aproximadamente una hora después: “Te confirmo que la única nacionalidad que fue concedida fue la mía. El resto de los familiares siguen a la espera”, escribe Guillermo Amaro Chacón, y adjunta un cuadro con los nombres de los parientes pendientes y sus datos personales. El empresario cierra el mensaje ofreciéndose “a disposición para cualquier aclaratoria o información adicional que se pueda requerir” y agradece “por todo”.

Infobae confirmó que, después de esos mensajes, tanto Guillermo Alfredo como Domingo Arnaldo Amaro Chacón obtuvieron finalmente la nacionalidad española, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM).

El juez llevó el tema al interrogatorio de Zapatero

Estos mensajes no pasaron inadvertidos durante la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama. Según la grabación de esa comparecencia a la que accedió Infobae, el magistrado le preguntó directamente si los hermanos Amaro Chacón ya tenían la nacionalidad española. El expresidente no respondió a esa pregunta concreta y se limitó a explicar su vínculo con ellos.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

Zapatero afirmó conocer a ambos hermanos “desde hace mucho tiempo” y los definió como integrantes de “un grupo familiar venezolano de tres generaciones de empresarios” dedicados a seguros, transporte y bienes raíces. También los calificó de “dos jóvenes emprendedores brillantes”.

En ese momento, el interrogatorio se centró en Inteligencia Prospectiva. El juez tildó la empresa de “rara”, basándose en la investigación patrimonial del caso, y preguntó a Zapatero si seguía en contacto con los dueños. El exmandatario respondió que ya no tenía trato con ellos y negó cualquier vínculo con la mercantil: “No, no he tenido de nuevo contacto, pero no me afecta porque yo no soy de esa sociedad para nada, ni he tenido ninguna relación con esa sociedad”. No obstante, reconoció que había estado en el domicilio social de Inteligencia Prospectiva cuando el juez se lo preguntó.

Una empresa bajo la lupa de la UDEF

La relevancia de Inteligencia Prospectiva en la investigación no se limita a esas conversaciones sobre nacionalidades. Según expuso el propio juez, la Agencia Tributaria detectó que esa sociedad transfirió más de 380.000 euros a Análisis Relevante, consultora para la que trabajaba Zapatero; otros 266.000 euros a Gate Center y 551.760 euros a Wathefav S.L., sociedad de las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Estas cifras forman parte de la tesis de la UDEF, que sostiene que Inteligencia Prospectiva carecía de actividad económica real y habría servido para canalizar fondos del extranjero con el objetivo de realizar pagos en España.

Los Amaro reaparecen en el viaje a Bolivia

Los hermanos Amaro Chacón vuelven a aparecer meses después, en otro informe del sumario. La documentación los sitúa acompañando a Zapatero durante su viaje a Bolivia en septiembre de 2024, desplazamiento que es uno de los ejes de la investigación sobre las gestiones a favor del Grupo Gloria.

Los mensajes revelan que Guillermo Amaro solicitó con antelación la agenda del viaje para organizar reuniones paralelas con el sector privado y conocer qué ministros o altos cargos bolivianos participarían. Incluso planteó contactos con miembros del Ejecutivo para tratar iniciativas de captación de inversiones. Gertrudis Alcázar le respondió detallando parte de la agenda institucional y le ofreció contactar con Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España, a quien definió como persona “de confianza” de Zapatero y responsable de coordinar gran parte del viaje.

La presencia de los hermanos en ese desplazamiento coincide con la época en que, según el último informe de la UDEF, Zapatero hizo gestiones ante el Gobierno de Luis Arce relacionadas con los intereses del Grupo Gloria en Bolivia. Los investigadores sostienen que por esa labor percibió 200.000 euros mediante un contrato de consultoría que ahora analiza la Audiencia Nacional.

Fuente: Infobae

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