El sistema criminal en Ecuador ha encontrado una fuente de ingresos inagotable que no solo financia sus operaciones, sino que destruye la paz cotidiana: la extorsión.
Según el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2029: Ecuador Defiende”, este delito ha experimentado una metamorfosis violenta, pasando de ser una incidencia marginal a convertirse en un mecanismo de financiamiento para las estructuras delictivas.
Las cifras presentadas por el Ministerio del Interior son demoledoras. Entre 2018 y 2025, las denuncias por extorsión registraron un incremento del 927,32%, saltando de 1.570 casos anuales a 16.129 en el último año. El periodo de mayor estallido fue la etapa post-pandemia, con un crecimiento exponencial del 948,51% que alcanzó su pico histórico en 2023, con casi 22.000 denuncias.
A pesar de una leve baja interanual en 2025, el informe advierte que los niveles actuales permanecen muy por encima del promedio histórico previo a 2021, consolidando a la extorsión como la tercera mayor amenaza en el periodo de análisis.
El terror de las “vacunas”
El informe técnico diferencia la extorsión común de la denominada “vacuna”. Esta dinámica implica que el crimen organizado ya no solo roba, sino que administra la “seguridad” de barrios enteros de forma ilegal, obligando a ciudadanos y comerciantes a pagar tributos por su propia integridad.
Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico es el cambio en la percepción ciudadana. La extorsión se ha extendido de tal forma que hoy es percibida por la población como un delito de mayor temor social que el robo.
Este temor no es infundado. El plan resalta que entre 2023 y 2025, urbes como Guayaquil, Esmeraldas y Machala vivieron oleadas de atentados con explosivos y tiroteos contra negocios.
Mapa de la asfixia económica
El impacto no es uniforme en todo el país, pero se concentra con fuerza en las zonas portuarias, el eje vial y la frontera sur. En 2025, tres provincias (Guayas, Pichincha y El Oro) concentraron el 59,29% del total nacional de denuncias.
A nivel cantonal, la situación es crítica en puntos específicos donde la tasa por cada 100.000 habitantes es asombrosa. Por ejemplo, en Las Naves hubo 381,06 denuncias.
Ante esta “economía del terror”, el Estado propone afectar directamente las finanzas de los GDO. Esta meta incluye la implementación del “Plan de Articulación Contra el Secuestro y la Extorsión 2026-2029”.
El objetivo es incrementar la efectividad de los operativos contra la extorsión al 73% para el año 2029, utilizando inteligencia criminal y análisis de redes para desarticular no solo a quienes cobran en las calles, sino a los liderazgos que administran estos recursos ilícitos.
Radio Pichincha
LV
