El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el inicio del trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
El proceso, impulsado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna de la bancada de Revolución Ciudadana, se fundamenta en un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la gestión de la crisis eléctrica y contratos estatales.
Argumentos y perjuicio económico
La solicitud de interpelación se centra en supuestas omisiones e irregularidades en los contratos suscritos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Según los legisladores proponentes, estas acciones habrían facilitado un perjuicio económico al Estado estimado en USD 180 millones.
Entre las denuncias destaca el caso ATM, donde se señala el pago de USD 71 millones por motores del año 2016 calificados como “chatarra inservible”, los cuales serían técnicamente incompatibles con el sistema eléctrico nacional al operar en una frecuencia distinta a los 60 Hz requeridos.
Además, el proceso incluye una noticia criminis basada en audios filtrados donde presuntamente se escucha a Manzano dar instrucciones para evitar explicaciones claras ante la Asamblea.
Ahora, tras la aprobación del CAL, basada en un informe técnico-jurídico de la Unidad Técnica Legislativa, la presidenta de la Asamblea Nacional tiene un plazo de tres días para remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Una vez recibida la documentación, dicha comisión tendrá cinco días para avocar conocimiento y verificar que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución.
Reacciones oficiales
El primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, confirmó que el pedido de juicio ya está en trámite y enfatizó en la necesidad de diferenciar la responsabilidad política de la penal.
Torres señaló que, desde la perspectiva oficialista, lo fundamental es esclarecer qué ocurrió con los recursos públicos, advirtiendo que el ámbito penal podría derivar en cárcel y la devolución de bienes.
Por su parte, la bancada de Revolución Ciudadana ha exhortado a que el proceso no se detenga en comisiones y pueda ser resuelto directamente por el Pleno si no se alcanzan las votaciones necesarias en los plazos previstos.
Radio Pichincha
LV
