El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó formalmente este 24 de junio de 2026 su contestación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitando que se declare inadmisible el pedido de revocatoria de mandato impulsado en su contra. La defensa del Ejecutivo sostiene que la solicitud ciudadana carece de fundamentos objetivos y no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la jurisprudencia electoral.
Un respaldo documental de 22 cajas
La entrega de la respuesta oficial fue realizada por Enrique Herrería, secretario general jurídico de la Presidencia, en las inmediaciones del organismo electoral. Como prueba de su gestión, el Gobierno remitió más de 22 cajas que contienen 14.532 folios de documentación, elaborada por las distintas carteras de Estado para respaldar las acciones ejecutadas durante el actual periodo.
De acuerdo con la Secretaría Jurídica, la solicitud de revocatoria no identifica de manera “clara ni precisa” los hechos que sustentarían un supuesto incumplimiento del Plan de Gobierno. La contestación señala que la petición se basa en elementos que carecen de rigor técnico, tales como:
- Indicadores generales y recortes de prensa.
- Informes no individualizados y documentos no incorporados al expediente.
- Referencias genéricas que, en diversos casos, ni siquiera corresponden al periodo presidencial 2025-2029.
La documentación entregada al CNE enfatiza que los proponentes no han determinado qué compromiso específico, meta o plazo habría sido vulnerado, ni han señalado qué norma o competencia constitucional sería atribuible a una falta del Primer Mandatario. Por su parte, Noboa minimizó el proceso, afirmando en un evento públicos que “nosotros hablamos de reelección” en lugar de revocatoria.
El pleno del CNE, actualmente dirigido por José Cabrera, tiene la responsabilidad de analizar la contestación y decidir en los próximos días si admite o no el trámite. En el escenario de que la solicitud reciba el visto bueno, se abrirá una etapa para la recolección de firmas, donde se requerirían más de dos millones de rúbricas (el 15% del padrón electoral) en un plazo de 180 días para convocar a los ecuatorianos a las urnas.
Radio Pichincha
LV
