El Gobierno nacional no puede usar alrededor de $ 110 millones por la demora en los procesos de extinción de dominio de bienes de origen ilícito, por lo que se hace necesaria la aprobación de la cuarta ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción.
La información la proporcionó el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, durante su exposición ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, que analiza la propuesta del Ejecutivo y que espera aprobar el primer informe este fin de semana.
Vega señaló que, si se aprueba la ley en trámite, habría la posibilidad de que estos $ 110 millones ingresen al presupuesto general del Estado, y además señaló que es importante fortalecer a las entidades que supervisan y detectan actividades ilícitas en el país, pues dijo que al asumir este gobierno encontraron desmantelada la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con pocas capacidades técnicas y poca tecnología y con una sola oficina en Quito.
Por lo tanto, dijo que debe convertirse en una entidad fuerte y que es fundamental, en estos momentos, para identificar, investigar y para desmantelar las operaciones de lavado de activos y del crimen organizado.
El funcionario, ante la mesa de Régimen Económico, reveló que, según cifras de las Naciones Unidas, en el Ecuador hay cerca de $ 1.700 millones que corresponden a actividades ilícitas, pero que están bloqueados porque aún dependen de procesos legales y que no han llegado a última instancia.
Para este 2024, añadió el funcionario, se tienen identificados alrededor de $ 400 millones en bienes inmobiliarios producto de acciones ilícitas.
El representante de la UAFE, Gabriel Díaz, reconoció que existen necesidades urgentes en tecnología para cumplir su trabajo; mientras que el coordinador general del organismo, Juan Carlos Castillo, dijo que se necesitarían alrededor de $ 3 millones como inversión en la entidad.
Castillo dijo que en la ley que discute la Asamblea Nacional se incluyen nuevas atribuciones, como que en los reportes de operaciones inusuales e injustificadas que emite la UAFE se incluya una evaluación a los proveedores del Estado.
Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, resaltó la necesidad de aprobar el proyecto urgente, que contribuirá a superar el déficit fiscal y además permitirá proveer de herramientas tecnológicas a las entidades de control, como la Fiscalía General del Estado.
Para este jueves, 25 de enero, está prevista la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para recibir las observaciones al proyecto de urgente del Ejecutivo. (I)
