El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú hizo oficial la contratación del bufete Baker Botts LLP para que asuma la defensa del Estado ante el arbitraje internacional promovido por VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El litigio, registrado como Caso CIADI No. ARB/21/60, surge por las reclamaciones de las empresas de origen francés tras la decisión del gobierno peruano de no autorizar el ajuste anual de tarifas en los peajes de la Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla – LAMSAC, dos vías que opera la filial Lima Expresa.
De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 264-2026-EF/43, divulgada en el diario oficial El Peruano, la contratación de Baker Botts LLP contempla un desembolso de S/ 3 384 000,00 para el ejercicio 2026 y otros S/ 6 948 000,00 para el año fiscal 2027. En total, unos 2,8 millones de dólares.
Disputa amparada en el Tratado Bilateral de Inversiones Francia–Perú
La demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2021 y se sustenta en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Francia–Perú. Según los documentos que obran en el expediente, VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS reclaman una compensación de US$ 365,3 millones.
Las empresas sostienen que el Estado peruano incumplió el contrato al negarse a aplicar el reajuste tarifario previsto, lo que provocó un daño económico a la concesionaria encargada de la operación de las autopistas.
El tribunal arbitral se conformó el 25 de julio de 2022. La presidencia recae en John R. Crook (Estados Unidos), junto con Horacio A. Grigera Naón (Argentina, nombrado por las demandantes) y Barton Legum (Estados Unidos, designado por Perú). El procedimiento se desarrolla en idiomas inglés y español.
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Avances procesales y estado actual del caso
El proceso ha atravesado varias etapas. Durante 2023, las compañías francesas presentaron su memorial principal, mientras que la defensa peruana respondió en febrero de 2024 con argumentos sobre jurisdicción y fondo.
Entre 2024 y 2025, el tribunal resolvió peticiones vinculadas a la producción y confidencialidad de documentos, así como a la admisión de nuevas pruebas. La audiencia central se celebró del 11 al 19 de junio de 2025 en Washington, D.C., donde ambas partes expusieron sus posturas sobre las cuestiones controvertidas.
Con posterioridad, se presentaron solicitudes adicionales de medidas cautelares y reclamos accesorios. El 31 de marzo de 2026, las empresas francesas entregaron un memorial sobre estos reclamos auxiliares, por lo que el litigio sigue sin resolución definitiva.
Raíces del conflicto y contexto previo
El origen de la controversia está en la negativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a autorizar el aumento anual de los peajes en las autopistas gestionadas por Lima Expresa.
En paralelo al proceso ante el CIADI, se tramitó un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París. En esa instancia, la municipalidad buscó la resolución del contrato alegando actos de corrupción.
Sin embargo, el tribunal de la CCI desestimó esa pretensión y reconoció el derecho de la concesionaria a recibir una indemnización, la cual se concretó mediante la prórroga del contrato de concesión por 2.163 días adicionales, lo que extiende la operación de la vía hasta el año 2055.
Partes y sus equipos legales en el CIADI
En el arbitraje, las empresas reclamantes están asistidas por King & Spalding (Estados Unidos) y el Estudio Echecopar (Perú).
Por su parte, la representación del Estado peruano está a cargo de Baker Botts LLP (Estados Unidos y Reino Unido), en conjunto con la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia e Inversión Privada del MEF y el Estudio Navarro & Pazos Abogados (Perú).
El laudo del tribunal internacional aún se espera, y su resultado tendrá implicaciones directas en la gestión de concesiones viales y en la política de inversiones en infraestructura en Perú.
Fuente: Infobae
