La trágica muerte de la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, asesinada el pasado 14 de junio de 2026 en Manta, no fue un evento imprevisto para los organismos internacionales de derechos humanos. Según reveló la organización Human Rights Watch (HRW), la funcionaria ya había manifestado su profundo temor y la vulnerabilidad de su cargo apenas un mes antes de ser acribillada junto a su hermana.
Una advertencia ignorada en mayo
En mayo de 2026, un investigador de HRW mantuvo una conversación con Bravo en Manta para discutir sus investigaciones sobre ataques con drones contra barcos pesqueros. Durante ese encuentro, la fiscal fue contundente sobre la realidad de su labor:
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, confirmó que Bravo expresó explícitamente que tenía miedo debido a la fuerte presencia de estructuras delictivas en la provincia de Manabí. A pesar de estas alertas, la fiscal fue interceptada por un sujeto armado cuando se dirigía a su vehículo, en un ataque que la policía calificó como dirigido deliberadamente contra ella.
Bravo no era una funcionaria ajena al peligro. Durante años lideró investigaciones críticas sobre homicidios, secuestros y crimen organizado en Manabí, una de las zonas más violentas del país. Recientemente, sus indagaciones incluían un incendio masivo de embarcaciones y ataques con drones frente a las Islas Galápagos.
Además, entre otros de sus casos más sensibles y recientes se encontraban las indagaciones sobre los ataques con drones perpetrados entre enero y marzo contra tres barcos pesqueros específicos:
- Fiorella
- Negra Francisca Duarte II
- Don Maca.
Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado calificó el hecho como una “represalia” por la lucha institucional contra las bandas criminales. Sin embargo, para HRW, este asesinato es el síntoma de una falla sistémica: Bravo es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022, sumándose a los casos de Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez.
La muerte de la fiscal desató críticas contra la administración del presidente Daniel Noboa. Goebertus señaló que el Gobierno debe dejar de tratar al sistema de justicia como algo “secundario”. Según la directora de HRW, la estrategia oficial se ha centrado en estados de excepción y en ver el conflicto como una guerra armada, pero ha fallado en fortalecer en la protección de jueces, fiscales e investigadores.
Recordó que los operadores de justicia a menudo carecen de herramientas básicas, vehículos blindados o personal forense suficiente para cumplir su labor de forma segura.
Radio Pichincha
LV
