Lo que comenzó en octubre de 2025 como una disposición del Ejecutivo para eliminar el cobro de la tasa de recolección de basura de las planillas eléctricas, bajo la promesa de “transparencia” y “alivio al bolsillo”, derivó este 17 de junio de 2026 en una resolución de la Asamblea Nacional que apunta directamente contra los municipios, especialmente el de Quito, por el incremento resultante en las tarifas.
¿Cómo se llegó a esto? El pasado 17 de marzo de 2026, el entonces presidente de la Asamblea, Niels Olsen, trasladó una sesión del Pleno a Cuenca como parte de la estrategia del oficialismo de sesionar fuera de Quito. En aquella jornada, la mayoría de ADN impulsó tres cambios del orden del día relacionados con la gestión de varios municipios, entre ellos el análisis del cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos.
Aunque las mociones fueron aprobadas, el tratamiento de esos temas quedó suspendido durante meses y recién esta semana fue retomado bajo la presidencia de Mishel Mancheno. Ese primer cambio del orden del día fue presentado por el asambleísta Xavier Ordóñez, uno de los principales impulsores de las acciones de fiscalización y cuestionamientos dirigidos contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
El origen de la tasa de recolección de basura: una decisión unilateral desde Carondelet
La disposición fue comunicada oficialmente la noche del 9 de octubre de 2025, durante el feriado por la Independencia de Guayaquil. El Gobierno de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, dispuso que las empresas eléctricas dejaran de recaudar la Tasa de Recolección de Basura (TRB). Según el Ejecutivo, la medida buscaba que los ciudadanos pagaran solo por su consumo real de electricidad, amparándose en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Sin embargo, esta decisión significó el rompimiento anticipado y unilateral de convenios vigentes con 41 municipios, incluyendo el de Quito, que tenía contrato hasta diciembre de 2025. Para la capital, esto representó la pérdida inmediata de un mecanismo de recaudación que garantizaba el flujo mensual de unos USD 4 millones para el sistema de aseo.
Ante la imposibilidad de cobrar a través de la planilla de luz, el Municipio de Quito tuvo que reaccionar para evitar una crisis sanitaria y trasladó el cobro a la planilla de agua potable.
En ese sentido, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que establece un sistema progresivo para la tasa de recolección de basura, de modo que quienes registren un mayor consumo de agua paguen un valor más alto por este servicio. El alcalde Pabel Muñoz admitió que hubo inconsistencias en la fase inicial, las cuales, aseguró, ya están siendo corregidas.
Núñez detalló que para 2026, el costo medio nacional de la energía subió de 10,61 a 12,83 centavos de dólar por kilovatio hora debido a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir subsidios.
Asimismo, se reveló que el propio presidente Noboa sugirió en una entrevista que los municipios trasladaran el cobro a las planillas de agua, argumentando que cuando el rubro aparece en la factura eléctrica, la ciudadanía percibe erróneamente que el Estado está subiendo el costo de la luz.
Al reducirse el universo de personas que pagan, la tasa aumentó para al menos el 40% de los quiteños, generando malestar ciudadano que ahora el oficialismo utiliza como arma política.
La resolución: ADN apunta a los municipios de cara a las seccionales
Este miércoles, el Pleno de la Asamblea aprobó con 81 votos esa resolución presentada por el asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez. El documento exhorta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a realizar una revisión integral de sus metodologías de cálculo, parámetros de determinación de valores y mecanismos de socialización con la ciudadanía.
Desde la oposición, los legisladores denunciaron que esta resolución es una maniobra para ocultar que el problema fue originado por el propio Gobierno de Daniel Noboa. La misma Patricia Núñez sostuvo que el Ejecutivo rompió unilateralmente los convenios de recaudación a través de las planillas eléctricas para “limpiar” la factura de luz y ocultar un incremento del costo de energía.
“Nos dan el problema y ahora pretenden vendernos la solución”, sentenció Roque Ordóñez (RC), quien recordó que el Gobierno central dio por terminados de forma “ilegal e ilegítima” los contratos con 41 municipios. Según el legislador, esta decisión, incluso, generó un perjuicio de cerca de USD 30 millones anuales en recaudación a nivel nacional, afectando especialmente a ciudades donde las autoridades locales resultan “incómodas” al régimen.
Un debate en época electoral
Sectores de oposición sostienen que ADN busca “limpiar la papeleta electoral” de cara a las elecciones seccionales, apuntando a alcaldes de ciudades estratégicas como Quito, Guayaquil y Cuenca.
Pabel Muñoz enfrenta investigaciones en la Fiscalía por la adquisición de los trolebuses eléctricos y el Metro de Quito. Aquiles Alvarez permanece en prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro y afronta tres procesos penales. Mientras que Cristian Zamora quedó impedido de participar en los comicios tras una resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Además, se denunció que estos temas funcionan como una “cortina de humo” para desviar la atención de casos de fiscalización que incomodan al oficialismo, como el caso Progen y el desfalco en el sector eléctrico, temas que la bancada de ADN se habría negado a tratar con la misma celeridad.
Radio Pichincha
LV
