La Comisión de Seguridad Integral continuó el análisis de proyectos de ley orientados a fortalecer las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado y la inseguridad, mediante la recepción de observaciones de la Superintendencia de Bancos, EP Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).
Respecto del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”, la intendente nacional jurídica de Bancos, Alejandra Molina, y el procurador judicial, Brian Aguirre, explicaron que, tras revisar la propuesta, no encontraron observaciones directas al articulado, debido a que la materia regulada no se encuentra dentro de las competencias de la institución.
No obstante, considerando que el objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen organizado, plantearon reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Entre ellas, incorporar una nueva causal de liquidación forzosa para entidades financieras que hayan sido utilizadas sistemáticamente para actividades relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delincuencia organizada transnacional o economías criminales ilícitas, conforme a informes técnicos emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado u organismos competentes nacionales e internacionales.
Asimismo, sugirieron establecer disposiciones que limiten la procedencia de garantías jurisdiccionales frente a medidas de control financiero adoptadas para prevenir y combatir el crimen organizado, de manera que las decisiones de supervisión, intervención o liquidación sustentadas en informes especializados tengan ejecución inmediata.
Por su parte, los representantes de EP Petroecuador, plantearon propuestas encaminadas a fortalecer la judicialización de los delitos relacionados con hidrocarburos, al considerar que estas actividades ilícitas afectan la soberanía energética del país y ocasionan pérdidas económicas al Estado. Recordaron que entre el 2022- 2026, se registraron pérdidas por 463 millones de dólares.
En ese contexto, enfatizaron que vacíos normativos e interpretaciones judiciales restrictivas han permitido que personas procesadas por estos delitos recuperen su libertad en distintas provincias. Además, observaron el uso recurrente de la suspensión condicional de la pena, mecanismo que “ha favorecido la reincidencia de infractores”.
También subrayaron la importancia de que los hidrocarburos incautados tengan un destino final adecuado y recordaron que Petroecuador es la única entidad facultada para su manejo técnico.
En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia, unificado con reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Inteligencia para combatir las telecomunicaciones no autorizadas desde centros de privación de libertad, la mesa legislativa recibió observaciones de representantes de CNT EP.
Entre los principales aportes, solicitaron una delimitación clara de las competencias y roles de los operadores de telecomunicaciones en la implementación de medidas de seguridad, precisando que su participación debe circunscribirse a la cooperación técnica bajo la coordinación de las autoridades competentes.
Además, enfatizaron la necesidad de proteger la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para la ciudadanía, por lo que propusieron que Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) emita una normativa técnica específica que permita ejecutar medidas de control con la menor afectación posible para usuarios y abonados.
En materia de inteligencia y trazabilidad, CNT planteó observaciones para perfeccionar la redacción del proyecto, señalando que las facultades relacionadas con herramientas de inteligencia deben mantenerse exclusivamente bajo responsabilidad de las autoridades de seguridad y contar con mecanismos adecuados de control y trazabilidad.
JC
