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Presidente Daniel Noboa, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), acreditó USD 184,6 millones por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y personas con discapacidad

Entre enero y junio de 2026, el gobierno del presidente Daniel Noboa, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), acreditó USD 184,6 millones por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y personas con discapacidad, ratificando su compromiso con la protección de los grupos de atención prioritaria y la garantía de sus derechos.

Esta cifra representa un incremento del 10,2% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se acreditaron USD 167 millones por este concepto, datos que confirman que el Gobierno Nacional reforzó el acceso a este beneficio.

La devolución del IVA para los grupos prioritarios constituye un derecho reconocido por el Estado ecuatoriano. En ese sentido, el SRI mantiene acciones orientadas a fortalecer la correcta aplicación de este mecanismo, garantizando que los recursos lleguen de manera justa y transparente a quienes realmente les corresponde.

El SRI recuerda que la normativa relacionada con este derecho no ha cambiado, sin embargo, se han transparentado los conceptos, de acuerdo a lo determinado en la Ley. Para 2026, el monto máximo mensual de devolución para los adultos mayores es de USD 144,60, mientras que para las personas con discapacidad el valor se determina de acuerdo con su porcentaje de discapacidad.

Asimismo, se recalca que la devolución del IVA aplica para las adquisiciones de bienes y servicios de primera necesidad destinados al consumo o uso personal de adultos mayores y personas con discapacidad, pero en estricto cumplimiento a la Ley, que no ha sido modificada. Estas compras deben estar respaldadas por facturas electrónicas emitidas por proveedores autorizados y corresponden a rubros como alimentación, salud, vestimenta, educación y vivienda.

El SRI continúa promoviendo mecanismos de control y verificación que permitan optimizar el proceso de devolución, asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y proteger los derechos de los beneficiarios reales.

 

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