La denuncia de un presunto abuso sexual contra un niño de seis años en una unidad educativa del sur de Quito volvió a poner en el centro del debate una realidad que sigue golpeando a cientos de familias ecuatorianas: la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
La tarde del 8 de junio de 2026, decenas de padres de familia se congregaron en los exteriores de la Unidad Educativa Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha para exigir respuestas tras conocerse la denuncia presentada por el padre de un menor.
Según los testimonios difundidos por familiares, el hecho habría ocurrido en uno de los baños del establecimiento educativo y el supuesto responsable sería un practicante vinculado a la institución, aunque esa información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Cifras
El caso ocurre en un contexto preocupante. De acuerdo con cifras del Consejo de la Judicatura, entre enero y abril de 2026 se registraron 208 causas relacionadas con abuso sexual infantil en Ecuador.
Esto significa que, en promedio, casi dos niños al día sufren de abuso sexual.
Pichincha concentra la mayor cantidad de casos con 62 casos, seguida de Guayas con 31 y Manabí con 18.
También figuran Esmeraldas con 14 casos, Santo Domingo de los Tsáchilas con 10, El Oro con 8, Cotopaxi y Azuay con 6 cada una, Los Ríos con 5 y Tungurahua con 4.
Las estadísticas revelan además que la mayoría de los expedientes aún esperan una resolución definitiva.
Del total de casos registrados este año, 182 continúan en trámite, mientras apenas 26 han llegado a sentencia. Esto significa que cerca del 88% de las denuncias siguen en proceso dentro del sistema judicial.
Evolución
Aunque las cifras muestran una disminución respecto a años anteriores, el problema sigue lejos de desaparecer.
En 2018 se registraron 1.341 casos; en 2019 la cifra aumentó a 1.414. Posteriormente se reportaron 1.098 procesos en 2020, 1.203 en 2021, 1.108 en 2022, 938 en 2023, 799 en 2024 y 722 durante 2025.
Gabriela Fraga, psicóloga clínica, advierte que una reducción estadística no necesariamente implica una disminución real de los hechos.
Factores como el miedo a denunciar, la dependencia emocional de las víctimas respecto de sus agresores, la revictimización y las barreras institucionales continúan dificultando que muchos casos lleguen a conocimiento de las autoridades.
La preocupación aumenta cuando las denuncias surgen en espacios que deberían ser seguros para los menores, como escuelas, colegios, centros deportivos o entornos familiares.
Diversos estudios señalan que gran parte de los agresores pertenecen al círculo cercano de confianza de las víctimas, lo que dificulta aún más la detección temprana de los abusos.
Penas
En Ecuador, el abuso sexual está tipificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa establece sanciones de entre tres y cinco años de prisión para quien realice u obligue a realizar actos de naturaleza sexual sin penetración y en contra de la voluntad de otra persona.
Sin embargo, cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, las circunstancias agravantes pueden derivar en penas más severas dependiendo de cada caso.
Mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones sobre lo ocurrido en la institución educativa de Quito, las cifras recuerdan que detrás de cada expediente existe una víctima, una familia y una infancia marcada por una experiencia traumática.
