La difusión de un informe pericial incorporado al expediente fiscal del caso Sinohydro volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las relaciones entre la Iglesia Católica, el poder político y los grupos económicos en Ecuador.
Operaciones finacieras desde empresas de Conto Patiño
El documento detalla cientos de operaciones financieras y transferencias bancarias realizadas desde cuentas vinculadas a empresas de Conto Patiño, amigo del expresidente Lenín Moreno, por más de USD 5,6 millones.
Entre los beneficiarios mencionados figuran sacerdotes, religiosas y congregaciones de la Iglesia Católica. Sin embargo, pese a aparecer en el informe, ninguna de las más de 100 personas naturales y jurídicas señaladas en las 587 operaciones forma parte del proceso judicial por presunto cohecho.
El caso Sinohydro tiene su origen en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Aunque la investigación fiscal comenzó en 2019, las aparentes irregularidades se remontan al 31 de enero de 2008, cuando el Directorio del Consejo Nacional de Electricidad (Conecel) declaró de alta prioridad nacional el proyecto de 1.500 MW de capacidad en la provincia de Napo.
El 25 de septiembre de 2008 se publicó la convocatoria para la licitación y, posteriormente, el 3 de octubre de 2009, la Junta General de Accionistas de Coca Codo Sinclair aceptó la oferta de la empresa china Sinohydro Corporation y autorizó a Ítalo Centanaro, entonces gerente general de la empresa, a suscribir el contrato bajo la modalidad “llave en mano”.
Participación de Conto Patiño
Según la Fiscalía, la participación de Conto Patiño se habría consolidado en mayo de 2010, cuando la empresa Comercial Recorsa C. A. modificó su objeto social para incluir actividades de representación, asesoría y consultoría para compañías vinculadas a obras de infraestructura.
El 3 de junio de ese mismo año se firmó el contrato de préstamo entre Ecuador y el Eximbank de China para financiar Coca Codo Sinclair, mientras que el 1 de julio de 2010 Recorsa abrió una cuenta corriente en Banco Pichincha Panamá, donde posteriormente habrían ingresado recursos provenientes de Sinohydro Corporation.
De acuerdo con la acusación fiscal, desde esas cuentas se distribuyeron fondos a terceros durante el período investigado, que abarca entre 2008 y 2018.
El informe pericial detalla operaciones dirigidas a religiosos entre 2011 y 2015, así como registros de mayo y junio de 2023.
Vínculos entre la Iglesia y el Estado persisten
El docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, Cristian Arteaga, considera que el caso refleja la persistencia de vínculos entre actores políticos, económicos y religiosos en las dinámicas de poder del país.
Aunque sostiene que la Iglesia Católica perdió gran parte de la capacidad de movilización social que tuvo durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, afirma que conserva espacios de influencia mediante sus relaciones con sectores políticos, financieros y empresariales.
Arteaga recuerda que la relación entre Iglesia y Estado tiene antecedentes históricos que se remontan a la Revolución Liberal y al establecimiento del laicismo en Ecuador, aunque la institución religiosa continúa siendo un actor relevante en momentos de crisis y mediación política.
En esa línea, el académico menciona los acercamientos que mantuvo la Iglesia con el gobierno de Lenín Moreno, actualmente uno de los 21 procesados que enfrentan juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro.
Entre las reuniones más destacadas figuran encuentros con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en febrero y abril de 2018, una reunión con el entonces nuevo arzobispo de Quito, Alfredo José Espinoza, en abril de 2019, y un encuentro con Russell M. Nelson, presidente mundial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en agosto de 2019.
Para Arteaga, los contactos con representantes de la Iglesia evidencian la permanencia de canales de interlocución entre la institución religiosa y distintos gobiernos.
Caso Sinoydro reveló millones de dólares en transferencias a la Iglesia
El tema cobró fuerza el 11 de mayo de 2026, durante el primer día de la audiencia de juicio del caso Sinohydro, cuando la defensa de uno de los procesados reveló la existencia de un informe elaborado por la perita economista Annabelée Arellano, en el que se detallan cientos de transferencias realizadas desde cuentas vinculadas a empresas de Patiño.
Según la exposición realizada en la audiencia, parte de esos movimientos económicos habrían beneficiado a miembros de la Iglesia, una aseguradora, fundaciones, una empresa maderera y personas naturales que no fueron incluidas en la causa impulsada por la Fiscalía.
Días después, otro abogado ratificó esa información y se difundieron reportajes sobre presuntas donaciones realizadas a instituciones religiosas.
Entre los casos mencionados consta la Congregación Siervas de María Ministras de los Enfermos, que habría recibido USD 50.000 desde cuentas vinculadas a Patiño.
No obstante, Sor Yesenia Perea, actual superiora de la comunidad en Quito, señaló que, tras revisar los archivos de 2013, halló el registro de una donación de USD 20.000 destinada al mantenimiento de la casa religiosa.
Acercamiento del Gobierno con la Iglesia
La discusión también se produce en un contexto político marcado por la cercanía entre el actual gobierno y la Iglesia Católica.
El 3 de junio de 2026 se difundió una fotografía de la vicepresidenta María José Pinto junto al obispo auxiliar de Quito, Mons. David Israel de la Torre Altamirano, en el marco de una alianza con la Iglesia Católica, el sector privado y la Fundación REDNI para fortalecer la lucha contra la desnutrición crónica infantil.
La iniciativa busca coordinar esfuerzos y recursos para impulsar acciones enfocadas en la nutrición y el desarrollo integral de niños y niñas en sus primeros años de vida.
Consultada sobre las transferencias mencionadas en el informe pericial, la Arquidiócesis de Quito, dirigida por monseñor Alfredo José Espinoza Mateus desde el 2 de mayo de 2019, indicó que no tiene información sobre esas operaciones.
A través de José Colmenárez, delegado de Comunicación, la institución señaló que Espinoza “no tuvo participación ni conocimiento directo de los hechos y transferencias a los que hace referencia su comunicación, los cuales, según la documentación adjunta, habrían ocurrido con anterioridad a su designación como Arzobispo de Quito”.
Por ello, añadió que no le es posible pronunciarse sobre hechos respecto de los cuales no tuvo intervención alguna.
Por su parte, Sybel Martínez sostuvo que el debate sobre la Iglesia no debe limitarse a su cercanía con las élites o con sectores empobrecidos, sino que debe centrarse en la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de derechos.
Aunque reconoció el aporte de la institución en iniciativas sociales como la lucha contra la desnutrición infantil, señaló que también existen cuestionamientos relacionados con denuncias de violencia sexual, encubrimiento institucional y manejo de recursos.
Además, recordó que durante el anterior proceso electoral la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe solicitó información al presidente Daniel Noboa sobre recursos entregados a la Iglesia, consulta que, según afirmó, no obtuvo respuesta.
Radio Pichincha
LV
